BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha cifrado este miércoles en 20.000 millones de euros la "ingente cantidad de recursos" actualmente paralizada en los juzgados españoles a la espera de que se dicte una resolución judicial que determine a quien corresponde su uso.
En una conferencia celebrada en el Círculo de Economía de Barcelona donde fue presentado por su presidente y exministro, Josep Piqué, ha evidenciado que dichos recursos "no están incorporados al aparato productivo y no están generando riqueza ni empleo", por lo que ha reivindicado la necesidad de actuar con rapidez y energía desde el Ministerio para agilizar el funcionamiento de la Justicia.
Ha señalado que la reforma de la justicia puede favorecer económicamente a la sociedad, no solo por la puesta en circulación de los recursos paralizados, sino también porque puede ayudar a atraer nuevas inversiones, ya que la seguridad jurídica es tan importante para ello como el capital humano y las infraestructuras disponibles en España, ha defendido.
Gallardón ha considerado que en las últimas décadas no se ha trabajado los suficientemente en la seguridad jurídica como un factor de competitividad, que es un campo en el que España ocupa el puesto 63 pese a ser la decimosegunda potencia mundial.
"Si consiguiese elevar del 63 año 12, no tengo ninguna duda de que sería un factor determinante para la resolución de la crisis", ha augurado el ministro.
Gallardón ha asegurado que todo el personal que trabaja en la Administración de Justicia "se reconoce por su honradez", pero lo que falla es el elemento estructural que, en su opinión, se debe de modificar por vía legislativa a través de una reforma global.
Ha insistido en su idea de que muchos conflictos que en se resuelven judicialmente deberían de derivarse a otras instancias, y ha puesto el ejemplo de que, en Francia, con 20 millones más de habitantes, en 2011 se tramitaron 3,5 millones de asuntos judiciales menos que en España.
Con esa idea, y después de haber aprobado recientemente una ley para llevar la mediación y el arbitraje al ámbito mercantil y civil para aliviar el volumen de casos en los juzgados, ahora ha insistido en que quiere llevarlo también al terreno penal y contencioso-administrativo.
Buscar, en definitiva, una cultura de pacto, buscando el "acompañamiento más que recurrir al amparo judicial" que, según el ministro, es una tradición histórica en Catalunya que hay que extender al resto de España.
Durante la conferencia, Gallardón también ha defendido el cobro de una tasa previa en los recursos de apelación en los procesos judiciales --que se devuelve si sale favorable al recurrente-- porque este dinero "se destinará a sostener la justicia gratuita".
En este sentido, y con el cobro de las nuevas tasas judiciales anunciadas recientemente, el ministro espera que el Estado pueda llegar a recaudar hasta 300 millones de euros, mucho más de los 172 millones recaudados en 2011.
