La Generalitat aprueba una ley para regular las profesiones del deporte y evitar el intrusismo

Actualizado: martes, 27 marzo 2007 18:19

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno catalán aprobó hoy un proyecto de ley sobre el ejercicio de cuatro profesiones vinculadas al deporte en Catalunya que pretende regular la actividad de los entrenadores, monitores, profesores de educación física y directores deportivos, a fin de garantizar la calidad de sus servicios y de evitar el intrusismo.

El proyecto de ley es iniciativa de la nueva secretaria del Deporte, Anna Pruna, y puede considerarse la segunda ley completamente nueva del Gobierno catalán bajo la presidencia de José Montilla, junto a la ley de la Agencia Tributaria, dado que el resto de proyectos aprobados se han recuperado de la legislatura anterior, según informaron fuentes del Gobierno catalán.

La nueva normativa, primera de estas características en España, afectará a cuatro profesiones --entrenador profesional, monitor deportivo profesional, director deportivo y profesor de educación física-- en las que regulará algunos aspectos básicos y determinará las titulaciones que son necesarias para su ejercicio.

Con su aprobación, el Gobierno catalán pretende garantizar la calidad de los servicios deportivos y la salud de los practicantes de deporte, así como establecer unos criterios sobre una actividad profesional que comporta riesgos para la salud, y también evitar el intrusismo en este sector profesional del mundo del deporte.

El texto recoge la regulación sobre las profesiones, que abarcan los ámbitos educativo, recreativo, competitivo y de gestión, y además incluye la obligación de colegiarse a quienes acceden a una profesión a partir de un título universitario y también de inscribirse en un futuro Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya.

Igualmente, la ley obligará a los profesionales a suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles indemnizaciones por daños que puedan causar durante su actividad, y también regula las consecuencias legales, previstas en el Código Penal, del intrusismo y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento.