BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona la red de hospitales y ambulatorios de la Generalitat, ha editado este verano una guía dirigida a los médicos de atención primaria con el objetivo de prevenir y tratar la mutilación genital femenina.
La guía se propone ofrecer conocimientos y reflexiones sobre la mutilación genital femenina desde un punto de vita antropológico, sanitario, social, educativo y jurídico para perseguir esta práctica, que en España se considera un atentado contra los derechos humanos.
La iniciativa empezó dentro del Proyecto 'Instrumentos para proteger la integridad de las niñas' del programa Daphne 2000-2003 de la Dirección General de Justicia y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Tuvo una primera publicación en castellano en 2004, coordinada conjuntamente por la Asociación Catalana de Comadronas.
Esta edición en catalán se enmarca ahora en el proyecto de investigación 'Las mutilaciones genitales femeninas en España: procesos de aculturación e integración social. Formación y prevención desde los Servicios de Atención Primaria', según informó hoy el ICS.
De forma paralela, el ICS también ha publicado un tríptico de información a las familias en catalán, castellano, inglés y francés, donde, con un lenguaje sencillo, se explica qué es la mutilación genital femenina, qué dice la ley española y desmiente falsas creencias.
La mutilación genital femenina, asociada a riesgos sociosanitarios y psicológicos, consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos por razones no terapéuticas, sino culturales o religiosas. Se trata de una práctica muy extendida en 28 países del África subsahariana durante la pubertad.
DOS MILLONES DE NIÑAS, EN RIESGO DE MUTILACIÓN GENITAL.
Se calcula que más de dos millones de niñas corren el riesgo de sufrir esta mutilación, sobre la que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
Asimismo, estas prácticas ancestrales han sido prohibidas por algunos gobiernos africanos y países como Senegal, Mali, Mauritania o Ghana a través de leyes sancionadoras específicas.
En España, esta intervención se considera un delito de lesiones en el artículo 149.2 del Código Penal, aunque la operación se haya llevado a cabo fuera del país, según la modificación de la Ley orgánica del poder judicial 3/2005.
La pena de cárcel es de 6 a 12 años para los padres o responsables, la retirada de la patria potestad y la posibilidad de ingreso de la niña en un centro de protección de menores.
No obstante, las estrategias planteadas para la erradicación de estas prácticas comportan fundamentalmente una transformación social y religiosa más amplia, que debe llegar a las propias raíces culturales y no sólo a través de prohibiciones legales o decretos, que difícilmente son respetados, acatados y ejecutados, sobre todo en las zonas rurales, donde reside mayoritariamente población femenina.
