La Generalitat niega cualquier intención de cerrar las emisoras de la COPE

BRUSELAS 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno catalán negó hoy cualquier intención de cerrar las emisoras de la cadena COPE y aseguró que está aplicando "de forma escrupulosa" la legalidad y las sentencias judiciales en este contencioso. La Generalitat se mostró "perpleja" por la petición presentada por nueve periodistas ante la Eurocámara que denuncia una "operación política" para arrebatar a la COPE sus emisoras en Catalunya.

"No entiendo que se mantenga esta guerra", dijo el director general de Medios y Servicios de Difusión Audiovisual de la Generalitat, Santiago Ramentol, que subrayó que la COPE en ningún momento ha dejado de emitir. "Desde el Gobierno vamos a aplicar la ley. No queremos cerrar la COPE, no hay ninguna intención de cerrar la COPE", aseguró Ramentol, insistiendo en que la emisora está informada de las intenciones de la Generalitat.

El conflicto data de 1998, cuando el anterior Gobierno de CiU decidió sacar a concurso un paquete de 39 frecuencias, entre las que se encontraban algunas nuevas y otras en funcionamiento que habían agotado el periodo de concesión de 10 años. Cuatro de estas concesiones correspondían a la COPE. La emisora recurrió a la justicia, que ya le ha dado la razón en uno de los casos referido a la renovación automática de la frecuencia de Barcelona. Ahora queda pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie en relación a las otras tres frecuencias en litigio.

El Gobierno catalán subrayó que está acatando todas las sentencias sin ninguna excepción, y por ello considera "desacertado" que se pida la intervención del Parlamento Europeo cuando la cuestión esta 'sub iudice'. Asimismo, aseguró que en ningún momento ha existido "intencionalidad política ni voluntad de apagar una voz informativa", sino que se trata de un contencioso por cuestiones administrativas. Por ello lamentó que la petición a la Eurocámara "mezcle cuestiones relativas a la libertad de expresión".

El director general defendió asimismo la ley audiovisual catalana y el CAC, del que dijo que no es un organismo "politizado". Asimismo, destacó que sus competencias sancionadoras son similares a las de los consejos audiovisuales de otros países "de raigambre democrática", como Francia o Reino Unido. En todo caso, aseguró que la Generalitat "nunca sancionará sin una resolución de los tribunales".