El Govern dice que el Estado "da la espalda" a las sentencias que avalan sus competencias exclusivas

Neus Munté
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 4 julio 2013 22:28

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha destacado este jueves que el Gobierno "ha dado la espalda" a las sentencias que reconocen la competencia exclusiva de Catalunya en materia de servicios sociales.

Así lo ha destacado la consellera, tras asistir al Consejo Territorrial de Servicios Sociales y Dependencia, que ha reunido a los consejeros autonómicos y que ha presidido la ministra de Sanidad, Ana Mato.

En concreto, la consellera ha afirmado que con la reunión de este jueves se ha constatado que el Ministerio no reconoce la competencia de Catalunya en este sentido, haciendo "caso omiso" de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Por ello, ha manifestado su oposición a esta circunstancia porque con este rechazo a la admisión de la competencia exclusiva de Catalunya "se ha perdido una oportunidad de dar salida a este conflicto que dura años".

Ha adelantado que convocarán a las entidades sociales catalanas para "valorar y decidir" qué acciones se pueden tomar para que los fondos se retornen a Catalunya y lleguen a estas entidades.

LEY DE DEPENDENCIA

Por otro lado, preguntada por la evaluación de la Ley de Dependencia, la consellera ha cuestionado que dentro de la misma no se tengan en cuenta las aportaciones que hacen las comunidades y el Estado.

Ha recordado que Catalunya hace un "sobresfuerzo" al aportar el 80 por ciento mientras que el Estado aporta el 20 por ciento.

Además, ha indicado que el nuevo sistema de información y procesamiento de datos autonómicos presentados en el encuentro de esta tarde es "excesivo y muy detallado", lo que generará un problema añadido.

Asimismo, supone "una extralimitación competencial" de forma que solicita demasiados datos a las comunidades que ponen en juego la eficiencia del sistema, y no garantiza la transparencia que Catalunya también pretende garantizar.