Archivo - Fachada de la Audiencia de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha pedido reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, después de que éste haya decidido seguir aplicando el protocolo de desahucios a personas vulnerables que se aprobó en 2013, y aplazar su modificación hasta que acaben las medidas extraordinarias aprobadas a raíz de la pandemia y que contemplan que los jueces puedan suspender desahucios a personas vulnerables.
La Conselleria de Justicia ha explicado en un comunicado este miércoles que, en la reunión que ha pedido, el Govern quiere "seguir hablando de manera constructiva de cómo abordar esta problemática", y ha considerado que el protocolo no es la solución única, en sus palabras, pero que puede ayudar a detectar casos de precariedad económica y de vulnerabilidad cuando se inicie un procedimiento por impago, y no cuando el caso ya está judicializado.
En el mismo comunicado, ha asegurado que "el Govern tiene una propuesta consensuada dentro de la comisión interdepartamental" dedicada al derecho a la vivienda, que conformas las consellerias de Presidencia, Justicia, Interior y Derechos Sociales.
Justicia ha explicado que esta propuesta del Govern ya se ha trasladado al TSJC "y debe trasladarse también a los operadores jurídicos y al mundo local", y ha remarcado que la Generalitat quiere que el nuevo protocolo reúna el máximo consenso.
También ha subrayado que el Govern tiene "la voluntad de seguir trabajando de manera constructiva para este objetivo: estar al lado de las familias más vulnerables".
PROTOCOLO EN PAUSA POR MEDIDAS COVID
Al pausar la redacción del nuevo protocolo, el TSJC ha señalado que la normativa sobre desahucios está "en constante reforma y evolución" por las medidas provisionales que se han adoptado por la pandemia, por lo que considera prudente, en palabras de acuerdo firmado por Barrientos, no continuar con la redacción de un nuevo protocolo por ahora.
Mientras tanto, se sigue aplicando el protocolo que en 2013 firmaron el TSJC, la Conselleria de Justicia, las cuatro Diputaciones catalanas, el Consejo de la Abogacía de Catalunya (Cicac), el Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya, y el TSJC considera que no es aconsejable actualizarlo en medio de una regulación provisional a raíz de la pandemia.