El Govern recibe el estudio del SMR de 1.239 euros que "corrige desequilibrios entre territorios"

   BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado este martes que el Ejecutivo ha recibido el estudio sobre el Salario Mínimo de Referencia (SMR) de 1.239 euros que va en la línea de corregir "desequilibrios entre territorios".

   En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, Budó ha dado cuenta del informe que adelantó el vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragons, el jueves sobre un salario mínimo catalán "digno y ajustado a la realidad socioeconómica del territorio" que tendría que llegar a esa cantidad.

   El cálculo elaborado por el Govern se ha hecho a partir de las directrices y recomendaciones del Parlament Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Parlament, y, según estas recomendaciones, el SMR "debería representar como mínimo el 60% de la media salarial de Catalunya" por lo que tendría que ascender a 17.353 euros anuales en 14 pagas, según el mismo cálculo.

   "La Generalitat da cumplimiento a su compromiso, adquirido a través de un acuerdo de Govern de impulsar la estimación del SMR catalán y su incidencia potencial", ha dicho Budó, sobre un cálculo que aumenta un 37,7% el Salario Mínimo Interprofesional fijado por el Gobierno central.

   El objetivo de este SMR es doble: "De un lado, avanzar hacia un salario más justo y coherente con el coste de la vida que tiene para un ciudadano de Catalunya y, por otro, corregir los desequilibrios que existen actualmente entre territorios con niveles de renta muy dispares".

   El Ejecutivo considera que en aquellos territorios donde el nivel de precios es superior, como es el caso de Catalunya, hace que la remuneración mínima establecida hasta la fecha "sea insuficiente para garantizar un nivel de vida digno".

   En su presentación el jueves, Aragons explicó que el objetivo es aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora de Catalunya y acabar con la pobreza en el trabajo, y defendió que, pese a no poder fijar por ley su implementación, lo pueden impulsar a través de la negociación colectiva, la contratación pública y la política salarial de la Generalitat.