La ILP contra los desahucios y la pobreza energética sigue su tramitación en el Parlament

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ILP contra los desahucios y la pobreza energética suscrita por más de 140.000 firmas sigue su tramitación en el Parlament después de que este jueves se realizara su debate sin enmiendas a la totalidad.

En el pleno parlamentario, han iniciado el debate los miembros de las plataformas que han impulsado la iniciativa legislativa popular María Campuzanao, de la Alianza por la Pobreza Energética; Irene Escorihuela, del Observatori de Drets Econòmics, Socilas i Culturals (DESC), y Carlos Macías de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Campuzano ha puesto sobre la mesa el 20% de parados que hay en Catalunya y las 220.000 familias que tienen todos sus miembros desempleados como consecuancia de una crisis "durante la que se han realizado 60.000 desahucios desde 2008", por lo que ha pedido a los diputados del hemiciclo altura de miras para abordar un tema que ha calificado de urgencia social.

Además, ha recordado que mientras las empresas suministradoras de servicios --agua y energéticas-- tienen beneficios "millonarios", hay personas que no tienen garantizado el derecho a esos servicios y sufren cortes de suministros.

Escorihuela ha recordado que están vulnerando derechos humanos, de la Constitución y del Estatut, y ha incidido en que la ILP recoge las mismas demandas que se hicieron al Estado adaptadas a Catalunya, para conseguir mecanismos que otorguen, entre otras cosas, "segundas oportunidades a deudores de buena fe".

La ILP contra los desahucios y la pobreza energética, que entregó más de 140.000 firmas al Parlament, contempla en su articulado medidas contra el sobreendeudamiento de las familias por vivienda habitual, para evitar los desahucios e impulsar la creación de vivienda asequible.

La ILP pide que las administraciones garanticen el acceso a los suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure la situación y como mínimo durante tres años, que como principio de precaución se establezca un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los servicios sociales para evitar los cortes, y que las administraciones lleguen a acuerdos con las compañías para establecer líneas de ayuda o descuentos en el coste para las personas vulnerables.

MOVIMIENTO Y DEMANDAS

Macías ha recordado que la sociedad civil se comenzó a organizar en el momento en que durante la crisis el discurso dominante era que "se había estirado más el brazo que la manga", con un gobierno que ha sido, a su juicio, incapaz de dar respuesta al problema, por lo que ha emplazado al Parlament a afrontar los hechos.

"Detrás de los números hay niños y ancianos, hay vidas en juego. Desde que la ILP entró en el Parlament, hace 41 días, se han sucedido 1.800 desahucios y mas de 18.000 cortes de suministros", ha dicho Macías, que ha retado a los diputados a posicionarse del lado de los poderes económicos que violan derecho humanos.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha agradecido a las entidades que hayan recogido las firmas y llevado las demandas a la cámara catalana, pero les ha recordado que es "obligación del Parlament garantizar que los que se tramite sea viable".

"Después del activismo viene el papel del legislador que garantiza una buena técnica jurídica que da seguridad y garantías de viabilidad económica a las soluciones que proponen", ha advertido Vila sobre una ILP que será discutida en comisiones para introducir enmiendas y poder aprobarla por vía de urgencia en el último pleno del mandato a finales de julio.