Un informe de la Coordinadora Nacional avala la viabilidad jurídica de un referéndum en Catalunya

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un informe jurídico encargado por la Coordinadora Nacional de las consultas soberanistas avala la viabilidad de la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Catalunya por iniciativa popular si se plantea como reforma constitucional, en ejercicio de la competencia reconocida en el Estatut, y acogiéndose a la Ley de Consultas Populares.

Ahora, enviarán el dictamen a las entidades y personalidades de la sociedad civil así como a las comisiones organizadoras locales de consultas para que puedan sumarse a la creación en los próximos días de una comisión promotora "amplia, plural y transversal" que presente esta iniciativa popular en el Parlament. Si la Cámara la aceptara a trámite, empezaría el plazo de recogida de firmas --unas 220.000--, y posteriormente llegaría al pleno para su votación.

El informe, elaborado por el jurista y presidente de la fundación Cercle d'Estudis Sobiranistes, Alfons López Tena, establece que la Generalitat es competente para promover esta reforma aprobando en el Parlament un proyecto que así lo establezca.

A diferencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), limitada a materias en las que la Generalitat tiene competencia legislativa, el referéndum puede convocarse sobre cualquier cuestión que sea competencia de la Generalitat. "Y promover la reforma constitucional lo es, aunque no tenga competencia para decidirla", dijo en rueda de prensa López Tena, junto al responsable de la Coordinadora Nacional, Uriel Bertran.

Por ello, el dictamen concluye que es legalmente factible mantener la pregunta de los referéndums actuales no oficiales, aunque para conseguir su adecuación en el marco competencial catalán debe ir precedida de un texto introductorio.

La pregunta, entonces, que debe plantearse es: "Para que el Parlament lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿Está de acuerdo en que la Nación Catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado a la UE?".

Según el dictamen jurídico, la Ley de Consultas otorga la potestad de los ciudadanos de promover una consulta popular en Catalunya con el aval de 3% de la población, y delimita los requisitos que debe cumplir la pregunta objeto del referéndum.

Alude también los preceptos de la legislación catalana, española e internacional que hacen referencia a la naturaleza jurídica de Catalunya como sujeto decisorio en esta materia. Ambos recordaron el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y las resoluciones aprobadas en el Parlament este sentido en 1989, 1998 y 2010. "Si ningún gobierno ni partido lo ha recurrido ante el TC debe entenderse que el Parlament tiene competencias en esta materia", subrayó López Tena.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Para Bertran, esta iniciativa responde al "menosprecio" del Estado y del Tribunal Constitucional (TC) hacia Catalunya. "Ya no queremos sentencia, queremos referéndum de independencia", sostuvo Bertran, quien advirtió de que es un proceso que da continuidad a la oleada de consultas soberanistas que se han celebrado en centenares de municipios de Catalunya, y que tendrán su colofón en la del 10 de abril de 2011 en Barcelona, donde aprovecharán para hacer una gran recogida de firmas.

A su juicio, si el Estado rechazara la celebración del referéndum --que debería aprobarse con mayoría absoluta en el Parlament-- se entraría en el terreno del "conflicto", porque pondrían en cuestión el derecho de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, destacó, siempre hay la posibilidad de que el Parlament hiciera un gesto de soberanía como Kosovo. "Serbia no modificó la Constitución para que Kosovo fuera independiente --recordó--. Fue Kosovo quien reclamó la independencia, y ahora es un Estado más", concluyó.