Un informe de la Generalitat acepta la disgregación de las obras de la Franja en litigio si se cogestionan

Actualizado: viernes, 17 marzo 2006 14:31

LLEIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El informe sobre las obras de arte en litigio depositadas en el Museu Diocesà de Lleida solicitado por la consellera de Cultura, Caterina Mieras, --en base a la Ley de Patrimonio--, al gabinete jurídico del departamento de Presidencia concluye que se puede autorizar al obispo de Lleida a "trasladar y ubicar los bienes donde decidan las autoridades religiosas".

El documento, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Conselleria de Presidencia, se ha puesto en conocimiento del Gobierno de Aragón y sólo faltaría el acuerdo de los Obispados y del resto de las instituciones del Consorci del Museu.

El informe de Presidencia apuesta por buscar acuerdos entre las partes implicades para la gestión conjunta de la colección, tal y como se acordó en la última reunión del Consorcio del Museo Diocesano el pasado 18 de enero.

Sin embargo, esa decisión se tomó de forma unánime en el seno del Consorcio al dar por supuesto que se respetaría la unidad de la colección, un término que también analiza el informe de la Generalitat.

El documento admite que "desde el punto de vista jurídico las interpretaciones no siempre pueden coincidir, pero se entiende que una colección se disgrega cuando se deja de gestionar de forma coordinada, no cuando se cambia de lugar".

El informe también considera que no es necesario descatalogar las obras porque "el hechyo de que estén catalogadas por parte de los Gobierno de Catalunya y Aragón lo refuerza".

Este informe será determinante para el dictamen que la Conselleria de Cultura emitirá sobre las obras de arte sacro en litigio en las próximas semanas.

La Conselleria de Cultura ha hecho llegar una carta "técnica" con las conclusiones del informe a los distintos miembros del Consorcio, con quien la consellera Mieras debe negociar antes de emitir su dictamen, y al Obispado de Barbastro-Monzón.

Fuentes de este departamento explicaron a Europa Press que ahora las partes afectadas "tienen diez días para presentar alegaciones" y la consellera emitiría su dictamen a mediados de abril.