BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El abogado de Irídia, Brian Ventura, que representa a Blanca Serra, la militante catalanista que denunció haber sufrido torturas en la Jefatura Superior de Via Laietana, en Barcelona, durante el franquismo y la transición, celebra que la Fiscalía haya acordado diligencias preprocesales para investigar posibles delitos de lesa humanidad mediante torturas.
La denuncia fue presentada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, con el apoyo de Òmnium Cultural y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
En declaraciones a la prensa este jueves, Ventura ha celebrado que "por primera vez" la Fiscalía Provincial de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, abra diligencias penales para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la Brigada Político-Social.
El letrado asegura que desde Irídia confían en que se realice una investigación efectiva "que satisfaga" el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en sus palabras textuales, y que en las próximas semanas Blanca sea citada por primera vez ante la Fiscalía.
LAS HERMANAS SERRA
Recuerda que la denuncia de las hermanas Serra --Eva Serra ya ha fallecido-- es la primera que se presentó ante la Fiscal Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Barcelona.
"Las hermanas Serra sufrieron torturas específicas por razón de género, además de dolor físico, propiamente dicho, abusos y humillaciones, vejaciones, denigraciones y cosificación por el mero hecho de ser mujeres, militantes, disidentes y transgresoras, que a través de sus acciones ponían en jaque al sistema patriarcal que las había relegado a la esfera privada y doméstica", sostiene Ventura.
Asegura que los hechos se produjeron en dos centros "paradigmático" de la Via Laietana: La Jefatura y la Dirección de Seguridad, donde se usaba la tortura, en palabras textuales del abogado, como método de obtención de información, un hecho que no queda amparado por la Ley de Amnistía de 1977.
Por todo ello, Ventura ha pedido que estos espacios dejen de ser comisarías y se conviertan en "verdaderos centros de memoria y dignidad", como reclaman diversas entidades memorialistas.