Jueces creen que Mas puede afrontar hasta 15 años de cárcel por una consulta ilegal

Actualizado 05/07/2015 4:54:52 CET
Artur Mas
EUROPA PRESS

La asociación Francisco de Vitoria afirma que puede prevaricar si decreta la convocatoria

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (FV) ha afirmado este viernes que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, puede cometer delitos de prevaricación, desobediencia y sedición si celebra la consulta y advierten de que estos ilícitos llevan aparejadas penas de inhabilitación y de hasta 15 años de cárcel.

El portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, ha declarado a Europa Press que los Mossos d'Esquadra están a las órdenes de la Generalitat, salvo que el Gobierno central quisiera asumir su control, en cuyo caso, un agente puede incurrir en responsabilidad penal si se desvía de sus designios..

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha afirmado que el Gobierno no contempla esta vía ya que está convencido de que Mas no hará nada ilegal.

En caso de realizar la consulta, el portavoz de FV explica que podrían personarse tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y acusaciones populares.

Sexmero precisa que la calificación dependerá de "cómo lo va a hacer y hasta dónde llegará" el Govern: "Estamos hablando de pura especulación".

En su opinión, el delito de prevaricación se cometerá si el Ejecutivo de Mas dicta una resolución de convocatoria arbitraria, mientras que la desobediencia tendrá lugar si incumple los requerimientos del Gobierno central y del Tribunal Constitucional.

El delito de sedición, el más grave, dependerá de la actitud del Ejecutivo autonómico y de si recurre a "actos coercitivos u oponiéndose tajantemente a las directrices del Gobierno".

MULTA, INHABILITACIÓN Y CÁRCEL

El delito de sedición aparece tipificado en el artículo 544 para penalizar a quienes 'se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales'.

Los inductores o principales autores se enfrentarán a una pena de ocho a diez años de prisión, mientras que las autoridades podrían responder a una acusación de 10 a 15 años de cárcel, además de la inhabilitación.

El artículo 410 del Código Penal recoge el delito de desobediencia: las autoridades que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales u órdenes de una autoridad superior podrían pagar una multa de tres a doce meses y ser inhabilitadas desde seis meses a dos años.

El artículo 404 recoge el delito de prevaricación cometida por funcionarios o autoridades que, a sabiendas de su injusticia, dicten una resolución arbitraria para imponerles una pena de inhabilitación especial para su cargo de hasta 10 años.

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