Juristas piden en el ICAB nuevas reformas legislativas para combatir la ocupación ilegal

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juristas y representantes del poder judicial han alertado en una jornada organizada por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) de que se deben aplicar nuevas reformas legislativas para combatir la ocupación ilegal y el magistrado de la Sala 2 del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha planteado una Ley Orgánica integral para frenar este fenómeno.

Así lo han expuesto este lunes en una sesión jurídica a la que han asistido más de 300 juristas, sobre la nueva legislación de vivienda turística y la ocupación ilegal de inmuebles con la finalidad de analizar de forma transversal esta problemática, informa el ICAB en un comunicado este martes.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha destacado en la inauguración de la jornada que la presencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero Fernández, es una forma de visibilizar las buenas relaciones existentes entre la Abogacía y el Poder Judicial, necesarias para el diálogo, la escucha y solventar los problemas de la ciudadanía.

La abogada y presidenta de la Sección de Derecho Civil, Marta Legarreta, ha presentado la jornada haciendo hincapié en que la dificultad para acceder a la vivienda ha conllevado un conjunto de nuevas problemáticas, como la ocupación de viviendas, la 'inquiokupación', la regulación de precio del alquiler o el alquiler turístico de inmuebles.

BATERÍA DE MEDIDAS

Por su parte, Magro ha señalado que los propietarios tardan entre 2 y 3 años en recuperar un inmueble, lo que desincentiva poner viviendas en alquiler, ha dicho que la Ley Orgánica 1/2025 no está ayudando a resolver el problema de la ocupación, y ha puesto de relieve que el juicio rápido es ineficaz para resolver estos casos.

Por eso, ha presentado una batería de medidas entre las que destacan: la aprobación de una Ley integral sobre pérdida de posesión de vivienda por incumplimiento contractual y ocupación ilegal y ha pedido agilizar los procesos judiciales civiles y penales de recuperación de la posesión.

También ha propuesto reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incluir un artículo 544 sexies, con la finalidad de establecer una medida cautelar que permita la inmediata expulsión por parte de la Sección de Instrucción del Tribunal de instrucción en 72 horas tanto en allanamientos de morada como en usurpación de inmuebles.

El magistrado también ha pedido modificar el artículo 9 de la Ley de Vivienda, de modo que los juzgados de guardia puedan ordenar la expulsión en el plazo máximo de 72 horas tanto en casos de allanamiento como de usurpación de inmuebles, la creación de un registro estatal de impago de rentas, y facultar a la policía para proceder a la expulsión en casos flagrantes de ocupación.

Vallejo ha recordado durante su ponencia las propuestas legislativas tanto en materia penal como civil formuladas por el ICAB para ayudar a combatir el fenómeno y, en el ámbito penal, ha subrayado que se apuesta por contar con una medida cautelar de desalojo inmediato y devolución de la propiedad en un plazo de 48 horas para frenar la ocupación ilegal.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

En la jornada también se ha analizado la nueva normativa para regular las viviendas de uso turístico y se ha concluido que podría favorecer que viviendas regresen al mercado residencial, incrementando la oferta disponible para vecinos y reduciendo tensiones en el acceso a la vivienda habitual.

Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que el endurecimiento de la normativa genera incertidumbre jurídica y económica entre los propietarios y en el sector turístico, reduciendo la inversión en alojamientos vacacionales y afectando a la competitividad turística de determinadas zonas.

El análisis de la situación actual ha dejado clara dos situaciones: que sin una oferta suficiente y mayor seguridad jurídica para los propietarios el mercado del alquiler en Catalunya continuará en tensión y que es la Administración la que debe resolver la problemática de la vivienda que sufren las personas consideradas vulnerables.