BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Penal 18 de Barcelona juzga este miércoles al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), por repartir en 2010 junto a la líder del partido en Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad.
Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que investigó el caso, considera "sólidas y consistentes las acusaciones formuladas" por la Fiscalía y la acusación particular --SOS Racisme Catalunya-- que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia, por el que solicitan para el ahora alcalde un año de cárcel.
A las 9.30 horas Àgora Ciutadana Badalona ha convocado una concentración de protesta en las Ciudad de la Justicia contra Albiol, a quien tachan de "racista, autoritario, clientelista, clasista, represor y españolista".
Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril de 2010 --año anterior a las elecciones municipales-- contenían fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como 'inseguridad', 'delincuencia' y 'vandalismo', y la imagen de una pintada con el mensaje 'no queremos rumanos'.
En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos, como por ejemplo en una butifarrada popular en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre.
En ese acto al que asistieron más de 800 personas, la mayoría ancianos, Albiol dijo: "Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos nos atacan y nos tachan de racistas", recoge el escrito que SOS Racisme remitió al juez.
CASO REABIERTO
La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre de 2012 al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la causa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio".
Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente".
