Un libro sobre el juicio del 1-O concluye que la sentencia no soluciona el "grave problema político"

Portada del libro 'El Juicio' de Iñigo Sáenz de Ugarte (Roca Editorial, 2019)

- ROCA EDITORIAL

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro 'El Juicio. Una mirada crítica al proceso y a su sentencia que marcarán el destino de Catalunya y España' (Roca Editorial) del periodista Íñigo Sáenz de Ugarte concluye: "Nadie cree que la sentencia sirva para solucionar un grave problema político. Ni siquiera sus propios autores. Pero eso ya lo sabía todo el mundo".

El libro analiza el juicio día tras día, sesión tras sesión, y destaca tanto las intervenciones de los ahora condenados como de los abogados defensores, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que representó Vox.

"La extrema derecha en representación del pueblo es ya una de las grandes cuestiones inauditas de este juicio, y las consecuencias que tendrá no están aún claras desde el punto de vista jurídico. Lo que es indudable es que la vista será una plataforma mediática de primer orden para Vox", advierte ante la repetición electoral del 10 de noviembre.

Del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, afirma que nadie cuestiona su prestigio como jurista, "pero es un hecho que se le considera el juez conservador más influyente de la judicatura".

El libro explica cómo en el transcurso del proceso los acusados, las defensas y las acusaciones van perdiendo o ganando puntos en favor y en contra de sus argumentos, y subraya cómo tanto los letrados de la defensa como Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular utilizaron argumentos políticos durante la vista.

Por ejemplo, destaca que uno de los fiscales llegó a sostener que la "mayoría silenciosa de Catalunya, un 60%, no llegó a participar" en el 1-O.

"Tampoco es frecuente que un fiscal recurra a un ardid retórico tan habitual entre los políticos: afirmar que ellos son los que representan a la mayoría, con independencia de lo que digan los resultados electorales. Como esa mayoría es silenciosa, nadie te puede desmentir", razona.

De la declaración de los acusados destaca las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, que, al identificarse como "preso político, dio la impresión de inmolarse en pro de la causa, más allá de las consecuencias penales" que ha acabado recibiendo.

También recalca aquellos argumentos en los que los acusados aclaran que, tras el 1-O, "el Govern (es decir ellos), frenó en seco".

MARIANO RAJOY

De la testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy destaca cuando afirmó que 'se intentó convocar un referéndum, pero allí no hubo ningún referéndum' y analiza: "Estas cosas pasan cuando es necesario que los políticos presten declaraciones como testigos en un juicio. Vienen con su realidad paralela y luego es complicado ajustarla a los hechos de los que se ha hablado en la vista".

Así, en el epílogo, Sáenz de Ugarte expone cómo la sentencia no contentó a los defensores del delito de rebelión ni a los que considera que se habrían conformado con un delito de desobediencia.

"El tribunal tenía ante sí dos extremos. La condena por rebelión, insistentemente reclamada por la derecha en la política y los medios de comunicación, y la desobediencia (...). Entre ambos estaba el delito de sedición, la alternativa más probable en cuanto se comprobó que la Fiscalía no había conseguido aportar pruebas sobre la rebelión y sí mucha literatura jurídica".

Con todo, cree que la sedición no supone el término medio entre la rebelión y la desobediencia "en cuanto a la duración de las penas", y recuerda que la Fiscalía en su defensa del delito de rebelión trató de desmontar que los acusados concurrieran en un delito de sedición, al considerar el proceso independentista un delito contra la Constitución y no un contra el orden público.

DELITO DE SEDICIÓN

Explica que el Supremo trató de argumentar que la sedición se sustenta en la movilización de la ciudadanía "en un alzamiento público y tumultuario (una palabra que los fiscales repitieron mucho en la vista) que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales".

"Nunca antes una sentencia había puesto el listón tan bajo para una condena por un delito tan poco habitual como la sedición", zanja, y advierte de que, a partir de ahora, otros jueces podría interpretar que se ha producido ese delito, por ejemplo, en un intento de paralizar un desahucio.

Para el autor, la pena es un precio muy alto para los condenados por "una operación política condenada al fracaso, por masivo que fuera su seguimiento".

"La sentencia supone también una fuerte derrota para la Fiscalía del Supremo, un correctivo que en la práctica ridiculiza mucho de sus argumentos", explica y constata que algunos fiscales usaron argumentos escuchados en mítines del PP y Cs.

Por todo ello, defiende que, tras el juicio y la sentencia, el conflicto político se encuentra en un lugar igual o peor y lamenta: "La política ha abdicado de su responsabilidad y ahora la justicia ha evidenciado que no puede coger ese testigo. Nunca estuvo en condiciones de hacerlo".