Martínez Bravo anuncia 10 medidas para reforzar las garantías legales en el desamparo de menores

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (Dgppia) ha impulsado un paquete de 10 medidas para reforzar los derechos y las garantías legales en procesos de desamparo de menores.

Así lo ha anunciado este martes la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, en el marco de la jornada 'Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos' celebrada en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

La primera medida consiste en la revisión de la herramienta de cribado que utilizan los servicios sociales básicos para valorar el riesgo "con el máximo rigor y diligencia", pues hasta ahora Catalunya no disponía de un instrumento único y validado a escala autonómica, a diferencia de otras comunidades.

Una vez detectado el riesgo, la segunda medida pasa por reforzar los Servicios de Intervención Socioeducativa, para la que se destinarán 8 millones de euros adicionales en 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura a más niños.

La tercera medida tiene que ver con la intervención intensiva en el ámbito familiar ante situaciones de riesgo leve detectadas: con el objetivo de preservar el vínculo familiar, se pondrá en marcha en las próximas semanas el proyecto piloto 'Famílies Resilients", impulsado por Intress en Reus (Tarragona) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), financiado con fondos europeos.

La cuarta pasa por reforzar los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA) del ámbito local, con la contratación de la figura del coordinador, para lo que se destinarán 10 millones de euros adicionales y, por primera vez, los EAIA contarán con formación jurídica específica en materia de desamparo, en colaboración con el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac).

GARANTÍAS

Para reforzar las garantías durante el procedimiento administrativo, la quinta medida pasa por garantizar la asistencia gratuita a las familias desde el inicio, una medida impulsada por la Conselleria de Justicia y el Cicac, y reivindicada por la Abogacía.

La sexta, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la seguridad jurídica del procedimiento, contempla grabar las sesiones entre los equipos técnicos y las familias, y la séptima, la creación de las comisiones de tutela, órganos colegiados e interdisciplinares con la participación de expertos externos que revisan los casos más complejos y emiten un dictamen no vinculante.

La octava está dirigida a familias atendidas por los EAIA con riesgo grave de desamparo y se trata del programa piloto 'Llars Segures', impulsado por Save the Children en Sabadell y Terrassa (Barcelona), que ofrece terapia familiar intensiva trabajando simultáneamente con los padres y los menores.

"EL ÚLTIMO RECURSO"

En cuanto a las medidas para favorecer el retorno familiar del menor, se han impulsado dos medidas: el proyecto piloto 'Camins', de intervención intensiva e integral en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE), y el despliegue de la figura de la 'procuradora' de los infantes y adolescentes.

La consellera ha recordado que el desamparo debería ser el último recurso, cuando se hayan agotado todas las otras vías, y ha asegurado que se ha trabajado desde junio de 2025 en el desarrollo de estas medidas: "El sistema de protección a la infancia y la adolescencia se encuentra inmerso en un proceso de transformación profunda", ha dicho.

PETICIÓN DEL ICAB

Por ello, ha dicho que se puso en marcha un grupo de trabajo, con la participación de expertos y entidades, que ha recogido las propuestas de la Abogacía y ha trabajado estrechamente con la Conselleria de Justicia, y que el resultado de ello es una reforma "ambiciosa, pero a la vez pragmática" y que no requiere de modificaciones legislativas.

Desde el ICAB se ha pedido a las Administraciones una mayor colaboración institucional para que los equipos de Infancia informen a las familias de que pueden solicitar justicia gratuita y ha reclamado que la Abogacía esté presente desde el primer momento para poder llevar a cabo la asistencia jurídica con las garantías necesarias.