Nueva condena a 8 meses de cárcel para Manuel Bustos por una pieza separada del 'caso Mercurio'

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha sido condenado a 8 meses de prisión en una sentencia de conformidad tras reconocer los hechos en un juicio oral el pasado 24 de abril, sobre una de las piezas separadas del 'caso Mercurio', la pieza 31.

En concreto, según detalla la sentencia, consultada por Europa Press este viernes, Bustos ha sido condenado a 5 meses de prisión y una multa de 34.087 euros por un delito continuado de tráfico de influencias, y a 3 meses y 1 día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.

Además, ha sido condenado a una inhabilitación especial durante 12 meses y 2 días por el delito de malversación y otra de 10 meses y 16 días por un delito de prevaricación administrativa.

Se trata de la sentencia sobre la investigación al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental por la contratación irregular de personas afines a su partido, el PSC.

El hermano del exalcalde, exconsejero del Consell Comarcal y exprimer secretario de la Federación del Vallès Occidental del PSC, Paco Bustos, ha sido condenado a 3 meses y 1 día de prisión y a una inhabilitación especial de 9 meses por malversación de caudales públicos, y a otra inhabilitación especial de 10 meses y 16 días por prevaricación.

Por su parte, el exgerente del Consorci de Residus del Vallès Occidental Francisco Fernández ha sido condenado a 2 años y 2 meses de prisión por un delito de prevaricación administrativa.

ESCRITO DE OPOSICIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

La Plataforma 'Sabadell lliure de corrupció', que ejerce de acusación popular en el caso, ha presentado un escrito de oposición a la suspensión de las penas de prisión dictadas antes de la aplicación de los atenuantes por haber reconocido los hechos.

En el escrito, consultado por Europa Press, la plataforma asegura que es necesario "motivar debidamente la propuesta de suspensión, considerando por parte del tribunal la gravedad de los delitos cometidos, la trascendencia social y la ineludible función preventiva de las penas".

La acusación particular señala la naturaleza de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación "con la finalidad de satisfacer intereses exclusivamente personales y partidistas".

Asimismo, alega que el hecho de haber abonado la cantidad de 10.770,42 euros en concepto de responsabilidad civil "puede reparar el daño económico, pero, en ningún caso, purga la afectación institucional cometida".