Ocho meses de cárcel para los sanitarios que estafaron 22.000 euros con recetas falsas

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un médico de cabecera, una farmacéutica y dos responsables de una residencia de ancianos han sido condenados por la Audiencia de Barcelona a ocho meses de prisión para cada uno por crear un entramado con el que inflaban recetas para los ancianos de un geriátrico, a través de las cuales estafaron 22.174 euros al Institut Català de la Salut (ICS).

Entre enero de 1996 y julio de 1997, el doctor Pere C. prestaba servicios a una residencia de Cabrils y, de acuerdo con su propietario, Carlos H., y la auxiliar Helena J. prescribía a los internos del centro recetas con dosis de medicación superiores a las necesarios que no se suministraban a los pacientes, según recoge la sentencia.

Los responsables de la residencia adquirían después los medicamentos en una farmacia del barrio barcelonés de Poblenou y, su titular, Ana S., entregaba los medicamentos pese a ser "evidente" que todas las recetas estaban expedidas por el mismo médico, las dosis eran muy elevadas y los tratamientos muy largos, además de que los fármacos eran muy poco habituales.

Según la inspección que realizó el ICS, se detectaron 173 recetas con fármacos que ninguno de los residentes tomaba, y con los que la farmacéutica pudo obtener un beneficio de entre el 30 y el 40%.

Según la sentencia, los mismos inspectores descubrieron que los historiales clínicos de los abuelos habían sido destruidos antes de los cinco años que fija la ley, y que dichos medicamentos nunca llegaron a entrar en la residencia, un hecho sobre el que los encargados del centro no dieron explicación.

Aunque el fiscal pedía tres años de prisión para cada uno de los acusados, el juez les ha condenado a ocho meses de cárcel --no ingresarán porque no tienen antecedentes penales-- y les ha inhabilitado para ejercer sus profesiones durante un año, además de obligarles a pagar una multa de 120 euros a cada uno.

El magistrado ha absuelto a una de las farmacéuticas acusadas, Josefina G., después de que las acusaciones retiraran los cargos, pero ha mantenido la petición de la Fiscalía de condenar a los procesados a abonar conjuntamente al ICS los 22.174 euros estafados.