Ortega cree que el proceso por incumplir la condena del 9N parte de una "interpretación sesgada"

   BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha considerado este martes que su posible investigación por presuntamente incumplir su pena de nueve meses de inhabilitación por impulsar el 9N parte de una "interpretación sesgada" e interesada de la normativa.

   En declaraciones a los periodistas tras recoger la notificación del proceso, ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) considera que realizó "funciones de gobierno" pese a su condena a inhabilitación por el proceso participativo de 2014, porque fichó como asesora de la Conselleria de Empresa y Conocimiento el 17 de mayo.

   Ortega ha señalado que, según el Estatuto y la ley 5/2008, las funciones de gobierno son las que ejecutan el presidente, vicepresidente y consellers de la Generalitat, y que deben consistir en autorizar pagos y dictar resoluciones, pero que ella realizó durante cuatro meses una asesoría, que "en absoluto tiene esto".

   Ha detallado que realizó funciones de asesoramiento en proyectos transversales atendiendo a su experiencia como exmiembro del Govern y como "conocedora de muchos aspectos del país".

   También ha criticado que se enteró del inicio del proceso durante una entrevista radiofónica, aunque ha declarado: "Estoy absolutamente tranquila, absolutamente animada y con ganas, cuando recibo estas notificaciones, de volver a hacer política con mayúsculas".

REPARTO EN JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

   El TSJC acordó hace una semana librar testimonio al Decanato de Barcelona para el reparto entre los Juzgados de Instrucción del partido judicial de que Ortega ha podido incumplir la pena de inhabilitación, que finalizaba el 19 de octubre de 2019, al constatar la "incompatibilidad" del cargo con la condena.

   Ortega fichó en mayo para asesorar a la titular de la Conselleria de Empresa y Conocimiento, ngels Chacón, en proyectos transversales en materia de fomento de la economía productiva, y también para preparar la documentación que el departamento tramita al Consejo Técnico sobre este tipo de proyectos y elaborar informes sobre los resultados de su aplicación.

   Por la asesoría en la Conselleria Empresa percibió un importe bruto de 32.110,84 euros entre mayo y octubre de 2019, según recogió el auto del TSJC.