Publicado 18/02/2015 15:17CET

El Parlament admite a trámite una ley para reducir la burocracia a la hora de abrir empresas

Pleno del Parlament
EUROPA PRESS

PSC, ICV-EUiA y CUP acusan al Govern de atacar a los municipios con una ley ideológica

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha admitido a trámite este miércoles un proyecto de ley del Govern para simplificar trámites administrativos a la hora de abrir empresas, y que tiene entre sus principales aspectos el establecimiento de la figura de la comunicación previa para abrir empresas cuya actividad sea considerada de nulo o bajo riesgo para la seguridad.

La norma ha prosperado después de que CiU, ERC, PP y C's hayan rechazado las enmiendas de retorno presentadas por PSC, ICV-EUiA y CUP, y modifica hasta seis normas existentes para reducir la burocracia a la hora de abrir un nuevo negocio.

El proyecto de ley, que deberá ser debatido ahora en comisión antes de su aprobación definitiva en el pleno, establece así que las empresas puedan iniciar sus trabajos con una declaración responsable o una comunicación previa, y que sea la administración quien inspeccione posteriormente si se cumplen los requisitos necesarios.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha defendido que ese es uno de los "principales activos" de la norma, ya que muestra la confianza de la administración hacia el ciudadano y pone en valor los proyectos económicos y no el papeleo.

PSC e ICV-EUiA han acusado al Govern de promover una ley que va más allá de la simplificación administrativa y que persigue, de paso, reducir la autonomía municipal: "Hacen de pequeño Montoro, con una ingerencia clara en la autonomía local", ha apuntado la socialista Alicia Romero.

"La misma partitura y la misma música que las leyes sobre gobiernos locales que hace el Gobierno central", ha abundado el ecosocialista David Companyon, que ha advertido del riesgo de que los controles tras la comunicación previa no los haga la administración sino empresas que logren la concesión del servicio.

Ambos diputados han criticado que la norma modifica algunos aspectos que deberían abordarse en la Ley de Gobiernos locales en la que trabaja el Parlament, un aspecto que también se ha cuestionado desde ERC y PP.

Desde la CUP, Isabel Vallet ha cargado contra un proyecto de ley neoliberal que se sirve del principio de intervención mínima de la administración como "mantra que ayudará a recuperar la economía", y ha censurado que se hable de que supondrá un ahorro para las empresas sin concretar el coste que tendrán las inspecciones para las arcas públicas.

C's RETIRA SU ENMIENDA

Aunque inicialmente C's había presentado una enmienda de retorno, su portavoz, Carina Mejías, ha explicado que han decidido facilitar la tramitación de la norma tras saber que en Barcelona hay "3.000 licencias de actividad paradas como consecuencia de la burocracia".

El diputado de ERC Sergi Sabrià ha defendido que los republicanos avalen la tramitación de la ley --PSC e ICV-EUiA se lo habían reprochado-- porque es necesario facilitar la puesta en marcha de negocios, pero ha advertido de que hay aspectos de la norma que no comparten y que aspiran a modificar durante su tramitación.

Entre los aspectos a mejorar, ha citado la posibilidad de que los ayuntamientos puedan suspender temporalmente la prestación de servicios públicos si les falta financiación, ya que "aunque se haga de forma voluntaria, se podría vulnerar el principio de autonomía municipal".

Pere Calbó (PP) ha asegurado que se trata de "una buena ley", aunque ha apuntado que no tiene mucho sentido hacerlo mientras se tramita la ley de gobiernos locales a no ser que el Govern esté asumiendo que no podrá aprobarla esta legislatura.

David Bonvehí (CiU) ha defendido la ley por buscar la eficacia de las administraciones, y ha negado que se trate de un proyecto que implique una desregulación o que vulnere la autonomía de los municipios.

La diputada no adscrita Marina Geli se ha abstenido en la votación --no ha apoyado la enmienda de retorno del PSC, su grupo hasta hace dos semanas-- argumentando que la búsqueda de la eficacia de las administraciones debe ser una obligación, pero ha pedido que no se pierda autoridad política a la hora de controlar la actividad económica.

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