El decreto exime de cumplir los requisitos patrimoniales en centros de entornos "desfavorecidos"
BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha convalidado el decreto que permite integrar en la red de titularidad pública los centros educativos de "entornos desfavorecidos" aunque no cumplan con los requisitos patrimoniales exigidos por ley, por lo que se avala legalmente la decisión del Govern en el mes de mayo de integrar a la red pública la Acadmia Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El decreto ha sido convalidado por unanimidad en la Cámara en el pleno de este miércoles, y en la votación la presidenta del Parlament, Laura Borrs, ha contabilizado el voto del exconseller y diputado Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica, aunque no se ha registrado electrónicamente en el panel, el funcionamiento del cual depende de un funcionario.
En nuevo decreto permite la exención del requisito previsto en el decreto de 2019, que pedía que los titulares del centro deban disponer de "un título válido sobre el inmueble donde ubicar el centro, que reúna los requisitos establecidos por la normativa educativa y patrimonial vigente".
Por tanto, se permite que, excepcionalmente, el nuevo centro creado por integración en la red pública se pueda ubicar en "espacios provisionales", siempre y cuando esta situación se dé en entornos con población escolar de condición socioeconómica desfavorable y las necesidades de escolarización no se puedan satisfacer de otra forma.
El conseller de Educación, Josep Gonzlez-Cambray, ha asegurado que en los dos últimos cursos, desde que se aprobó el decreto de 2019, se han recibido 43 peticiones de las cuales 11 se han integrado en la red pública o están en proceso de hacerlo, y justifica la necesidad de actualizar el decreto porque "se han detectado situaciones no contempladas".
En este sentido, ha asegurado que aunque es necesario que se cumplan los requisitos patrimoniales, "en los últimos años se ha visto que pueden haber situaciones excepcionales" para hacer posible la integración de centros, aunque el edificio no reúna las condiciones, para dar respuesta a la demanda de plazas públicas y por los efectos negativos que tiene el cierre de centros.
Este decreto surge para amparar y evitar situaciones como la ocurrida con la integración del centro concertado Acadmia Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que finalmente se integró en la red educativa pública el pasado mes de mayo, después de que en un inicio la Conselleria no autorizase su integración por considerar que el edificio no reunía las condiciones suficientes a nivel técnico.
DEBATE
El socialista David Pérez se ha mostrado favorable a actualizar los criterios por los cuales un centro puede pasar a titularidad de la Generalitat dada la "necesidad de escolarización y la falta de plazas publicas" y cree que esta nueva redacción puede contribuir a enriquecer la red pública educativa.
Manuel Acosta (Vox) ha dicho estar a favor del decreto para evitar que se vuelva a producir otro episodio como el de la escuela Acadmia Cultura y ha celebrado que se haya dado una respuesta a las familias; de todas maneras, ha reprochado al Govern que esté "ahogando a la escuela concertada" y le pide que ponga en marcha el cheque escolar.
La diputada de la CUP en el Parlament Nogay Ndiaye ha acusado a la Conselleria de Educación de no planificar la oferta y demanda educativa, y considera que la excepcionalidad que incluye este decreto es "discriminatoria, porque quiere decir que aunque un centro no cumpla los requisitos, se pueden hacer excepciones si está en un barrio de pobres".
Por los comuns, Jordi Jordan ha defendido que este decreto es necesario para dar respuesta a los centros que necesiten integrarse en la red pública educativa de cara al curso 2022-2023: "Es de justicia realizar la modificación. Se podía producir que en entornos desfavorecidos la población escolar se viera gravemente afectada por el cierre de estas escuelas".
El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha criticado que se haya contabilizado el voto del diputado de Junts Lluís Puig, a pesar de la notificación del Tribunal Constitucional; y sobre el decreto ha celebrado que gracias a la "presión" de los grupos políticos y las familias de la Acadmia Cultura finalmente se haya modificado el texto para incluir esta excepción.
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha apoyado el decreto aunque cree que "se podría haber buscado algún tipo de solución jurídica mejor definida", pero cree que igualmente se da respuesta a la demanda de las familias.
Anna Erra (Junts) ha aclarado que los centros que se encuentran en esta situación es porque "tienen una situación económica insostenible o el concierto está menos dotado, por lo que las escuelas sufren mucho y acaban pidiendo la integración", y ha pedido que se reconozca todas las modalidades del sistema educativo catalán.
El republicano Jordi Albert ha puesto en valor que con la aprobación del decreto "se cierra el círculo iniciado por la Acadmia Cultura" y señala que a parte de dar respuesta a este centro servirá para dar respuesta a otros.
