El Parlament dice no poder actuar contra las irregularidades de Santa Coloma

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament aseguró hoy que no tiene competencias para adoptar medidas contra las irregularidades detectadas en las cuentas de 2003 del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informó la Comisión en un comunicado.

La mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión explicaron que la ley de la Sindicatura de Cuentas y una posterior sentencia del Tribunal Constitucional solamente permiten a la cámara catalana actuar sobre las cuentas de la Generalitat y sus órganos dependientes. Ayer trascendió que un informe presentado en 2007 detectó estas irregularidades en el Ayuntamiento de Santa Coloma y el Parlament no pidió explicaciones.

Por ello, la cámara catalana no podía hacer nada más que conocer los informes, pero no aprobar ninguna medida correctora, que tendría que haber sido adoptada por los organismos de control del propio consistorio.

Según la Comisión, todos los informes que afectan al Govern y a la Administración de la Generalitat son objeto de debate parlamentario "específico", lo que "no sucede necesariamente" con los informes de fiscalización de los entes locales o las universidades públicas.

En todo caso, si la Sindicatura detecta irregularidades que supongan responsabilidades contables lo ha de comunicar al Tribunal de Cuentas, y si fueran penales lo tendría que denunciar a la Fiscalía o a los juzgados.

NUMEROSAS IRREGULARIDADES

Pese al informe de la Sindicatura de 2007, de más de 120 páginas, ningún grupo pidió explicaciones. El informe constató "numerosas irregularidades" que evidencian "graves deficiencias" en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras en los encargos que hizo a dos empresas municipales: Gramepark y Grameimpuls.

La Sindicatura recomendó en su informe al consistorio "que se establezcan mecanismos que permitan un adecuado control y supervisión" para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Entre las incidencias, destacan encargos de obra del Ayuntamiento posteriores a la selección del contratista, modificaciones de la obra efectuadas con anterioridad a la autorización municipal, desviación del presupuesto hasta tres veces superior al importe inicial, pagos de obras mediante permuta, y expedientes de obras encargados a empresas municipales "incompletos pese a ser de informes significativos".

En el caso de una operación de permuta de bienes realizada por Gramepark, la Sindicatura observa una sobrevaloración de más de 2,25 millones de euros.

También se constata que obras en instalaciones deportivas se hicieron "sin crédito y sin haber formalizado los correspondientes expedientes contractuales", lo que los podría invalidar. Otros expedientes relativos a la construcción de viviendas son incompletos, por lo que dificulta el control final del Ayuntamiento sobre las obras encargadas.

Estas irregularidades se diagnosticaron en 2003, cuando el PSC tenía 16 de los 27 ediles, y el alcalde ya era Bartomeu Muñoz, detenido el martes, y que gobernaba en coalición con CiU e ICV-EUiA-EPM.