BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley de contratos de cultivo elaborado por el Gobierno catalán inició hoy su tramitación parlamentaria con su admisión a trámite en el pleno y el rechazo a la enmienda de totalidad de CiU, que considera intervencionista" el texto. Ningún grupo apoyó a la federación.
No apoyaron esta enmienda a la totalidad los tres socios de gobierno ni PP ni C's, cuyo diputado Antonio Robles apoyó la ley.
El conseller de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Joaquim Llena, pidió consenso para aprobar el texto, que da respuesta a una reinvidicación "histórica" del sector. Destacó que la ley preservará el suelo, dará estabilidad al arrendatario y mejorará las explotaciones clarificando las relaciones contractuales.
El proyecto regula el contrato de arrendamiento rústico, y establece el derecho de adquisición preferente de suelo agrario por parte de la Generalitat., al considerar que tanto el suelo como la actividad agraria son un bien escaso a preservar.
Xavier Pallarès (CiU) defendió la enmienda convergente a la totalidad afirmando que "si la Generalitat quiere adquirir suelo rústico, lo encontrará, pero no tiene sentido conferir un derecho de adquisición preferente a la Generalitat".
Para CiU, eso supone "un intervencionismo que no tiene justificación", y que comparó al de la política de vivienda del Govern. Aun así, apoyó el objetivo del proyecto de preservar el suelo agrario.
El diputado socialista y ex conseller de Agricultura Jordi William Carnes pidió a CiU que retirara su enmienda, como "gesto", y afirmó que la federación "se ha llenado la boca de mundo rural durante 25 años pero, a la hora de la verdad, nada".
Según datos de 2005, Catalunya tiene 57.503 explotaciones agrarias, de las que 51.121 (63,9%) están en régimen de propiedad. Aun así, la proporción de tierras en arrendamiento ha subido desde 1999 y ya representan el 27,7% de la superficie total.