También pide destinar todos los recursos necesarios y publicar toda la información
BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución de los comuns para exigir que se acaben los impagos y los retrasos de la renta garantizada de ciudadanía, una ayuda de 564 euros mensuales que se aprobó por unanimidad en la pasada legislatura y que empezó a pagarse el 15 de septiembre de 2017.
La iniciativa se ha aprobado con los votos a favor de Cs, el PSC, los comuns, el PP y la CUP -JxCat y ERC se han abstenido-- e interpela concretamente "a la estructura política que sigue gestionando, en funciones, la Conselleria de Trabajo o a los responsables políticos que corresponda responder por ellos" debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
A ellos se les reclama el "abono inmediato de todas las prestaciones" en situación de silencio positivo administrativo y la dedicación de todos los recursos necesarios para ir mejorando cada vez más la atención a los solicitantes.
La propuesta también exige facilitar al Parlament en 15 días toda la información de seguimiento sobre el despliegue de esta ayuda, especialmente sobre las solicitudes atendidas, las personas que ya reciben esta prestación y las denegaciones efectuadas y los motivos: este punto se ha aprobado por unanimidad.
LA VERDADERA FRACTURA ES LA SOCIAL
La diputada de los comuns Marta Ribas ha defendido la propuesta de su grupo y ha destacado que la verdadera fractura que existe en Catalunya es la social: "Hay una Catalunya real que espera soluciones y que no entiende que no se garantice techo, luz y pan a todo el que lo necesite".
Por parte de la CUP, Vidal Aragonès ha recordado que la renta de ciudadanía fue impulsada por la sociedad catalana a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y ha alertado de que se está gestionando "desde una óptica neoliberal", con restricciones y sin recursos.
Noemí de la Calle (Cs) ha señalado que la renta de ciudadanía no está recibiendo los recursos necesarios mientras "se han destinado millones de euros y muchas ganas al proceso separatista", y ha asegurado que la responsabilidad de todo ello es de la administración catalana.
LA CULPA ES DEL 155
La diputada de JxCat Saloua Laouaji ha destacado la importancia de que haya transparencia en la gestión de la ayuda y de que se garanticen unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos: "La renta garantizada de ciudadanía fue la medida más importante del Govern de Carles Puigdemont y se ha visto frenada por el 155".
ERC, a través de la diputada Irene Fornós, también ha apuntado al 155 como responsable de las disfunciones de la renta garantizada de ciudadanía, y ha puesto en valor la labor del anterior Govern y de la consellera del ramo, Dolors Bassa (ERC), actualmente encarcelada.
EL PSC TAMBIÉN LLEVA EL ASUNTO AL PLENO
Raúl Moreno (PSC-Units) ha recordado que su grupo también ha llevado al pleno una propuesta para exigir transparencia y que se pague la ayuda: "Somos el altavoz de las 40.000 personas a las que se les ha dicho que no tienen derecho a la renta sin justificación".
Desde las filas del PP, Santi Rodríguez ha rechazado que la renta sea atribuible al Govern de Carles Puigdemont ni a la exconsellera Bassa, sino a la firma de miles de catalanes que la impulsaron "a pesar de Puigdemont y Bassa, que pusieron mil y una dificultades", y ha asegurado que el anterior Ejecutivo prefirió destinar recursos al proceso independentista antes que a las ayudas sociales.
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