ERC lleva una iniciativa a la Cámara en la que ve "indignante" la actuación del fiscal
BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrado en el Parlament una moción de apoyo a los síndicos electorales del referéndum del 1 de octubre para los que la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona pide dos años y nueve meses de cárcel por presunta usurpación de funciones y desobediencia.
El texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, defiende que Jordi Matas, Tània Verges, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina actuaron bajo el amparo de ley del referéndum que el Parlament aprobó en septiembre del año pasado.
"El Parlament constata que todas sus actuaciones se llevaron a cabo de acuerdo con la legislación vigente, y que la actuación es indignante y desproporcionada, teniendo en cuenta que su misión era garantizar que el referéndum fuera justo e imparcial", argumenta.
ERC defiende en la misma moción, firmada por el diputado Marc Sanglas, que el Código Penal no contiene ninguna disposición específica que prohíba la organización de un referéndum "incluso cuando no cuentan con la autorización del Gobierno central".
El texto, que se debatirá y votará en un pleno dentro de dos semanas, concluye que el enjuiciamiento "no solo es espurio, sino que se basa en motivos políticos, constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos".
Los síndicos del 1-O, nombrados por el Parlament, no llegaron a ejercer ninguna función relativa al referéndum, ya que fueron cesados del cargo por el propio Govern tras ser apercibidos por el Tribunal Constitucional de que serían multados con 12.000 euros diarios.
CONTROL ELECTORAL
En rueda de prensa desde el Parlament, la portavoz de ERC en la Cámara, Anna Caula, ha pedido que la iniciativa reciba el apoyo de todos los grupos parlamentarios "comprometidos con los derechos humanos", ya que ha considerado que están siendo vulnerados en este caso.
Ha considerado que el proceso judicial contra los síndicos es "falso y basado en motivos políticos", y ha recordado que la tarea que tenían encomendada para el 1-O era de control electoral, en ningún caso de promover alguna opción política.
