El pequeño comercio catalán pide indemnizar a los comerciantes que no puedan pagar rentas más altas

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Comercio de Catalunya (CCC) quiere que el comercio urbano tenga la misma protección legal que el derecho a la vivienda, y por ello ha reclamado que se indemnice a los comerciantes de locales urbanos que no puedan pagar las rentas que se revisen al alza y que por ello tengan que abandonarlos.

Así lo ha dicho este miércoles con motivo del 30 aniversario de la entidad el secretario general de la CCC, Miquel Àngel Fraile, en alusión a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hará que los negocios con más de 20 años de antigüedad puedan perder su contrato de alquiler el 1 de enero de 2015 si no consiguen renovarlo antes, y que puede provocar un aumento generalizado en los precios de los arrendamientos.

Esta ley haría que peligraran comercios emblemáticos que no pudieran hacer frente a las nuevas rentas, más altas, si bien Fraile ha indicado que de los 350 negocios que están catalogados como emblemáticos en Barcelona, tan sólo peligra la continuidad de una treintena.

"El valor comercial ha superado enormemente las rentas que pagaban nuestros comerciantes", ha apuntado Fraile, que ha explicado que se ha creado una comisión técnica formada por representantes del sector y del Ayuntamiento para analizar los comercios que son necesarios proteger por si singularidad comercial y patrimonial.

Sin embargo, la equiparación legal a la vivienda que pide Fraile no es únicamente para comercios emblemáticos, sino para todo tipo de negocios urbanos: "Entendemos que el comercio urbano debe tener protección legal por el interés general que aporta a la ciudad y el servicio a la comunidad".

Fraile ha sostenido que la ley de arrendamientos no considera el comercio como un sector de interés general como puede ser el derecho a la vivienda, y por ello estudia cómo dar cabida dentro del código civil catalán esta demanda de los comerciantes.

Según ha dicho, la ley de arrendamientos prevé una indemnización de 18 mensualidades para los comerciantes si deben abandonar el local, pero no es de obligatorio cumplimiento si el propietario se opone o no se alcanza un acuerdo: "Reclamamos la recuperación de la obligatoriedad".

BLINDAR EL COMERCIO URBANO

La CCC también ha reclamado que se avance en el trámite de la ley de comercio catalana para blindar las competencias de Catalunya, y también pide a la Generalitat que mantenga el equilibrio entre formatos comerciales, en alusión a los 'outlets' de Viladecans, Cerdanyola del Vallès y la Jonquera, y a la ampliación de La Maquinista en Barcelona.

"El Incasòl ha hecho un muy buen trabajo durante mucho tiempo, pero en los últimos años, por la losa de la deuda, hace que haya orientado la venta de suelo industrial a actividades comerciales cuando creemos que es un error. El ahogo de las cuentas de la Generalitat es el argumento que nos dan, pero creemos que es pan para hoy y hambre para mañana", ha defendido Fraile.

"No podemos malgastar los activos en polígonos industriales o zonas portuarias a base de propuestas comerciales que entendemos que son más especulativas que coyunturales", ha añadido el secretario general de la CCC, que ha considerado necesario dar un tirón de orejas al Govern en este sentido.

INCREMENTO DE VENTAS DE UN 1%

Fraile se ha mostrado optimista en cuanto a la evolución de las ventas del comercio urbano, ya que en los cuatro primeros meses de este 2014 se ha registrado un incremento del 0,4%, si bien prevé que el aumento alcance un 1% en el segundo semestre aprovechando el "tsunami de Navidad".

"Todo lo que tenía que pasar en el sector ya se ha producido, y si hay cierres ya no serán por la crisis", ha señalado Fraile, que ha añadido que incluso ya se están abriendo nuevos negocios, y que el balance de aperturas es superior al de cierres, marcando así un claro cambio de tendencia tras más de siete años de crisis.

Asimismo, ha celebrado que España lidere la aplicación del nuevo Reglamento comunitario para las tasas de intercambio que ha aprobado el Parlamento Europeo y que fija una comisión máxima del 0,3% para los pagos con tarjeta de crédito, y del 0,2% para las operaciones con tarjeta de débito.

Ha calculado que el comercio catalán ahorrará 150 millones de euros anuales gracias a esta rebaja de las comisiones por el pago con tarjetas: "Es una excelente noticia para animar el consumo que nos hará más competitivos".