BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal pide un año y medio de cárcel para Santiago A.C. por un delito de estafa. Entre el 1 de enero de 2002 y el 24 de abril de 2003, el acusado, de profesión fisioterapeuta y técnico ortopédico, debía suministrar por prescripción médica a sus clientes 195 sillas con un precio de 425,85 euros cada unidad. Pero en su lugar, les entregó a los pacientes otras sillas parecidas y de precio inferior, 341,90 euros.
El procesado facturó al Servicio Catalán de la Salud las sillas más caras apropiándose de la diferencia de 83,95 euros por unidad. El total de la estafa asciende a 16.370,25 euros.
Una inspección del Departamento de Salud en el establecimiento de aparatos ortopédicos propiedad del acusado, situado en la avenida Meridiana de Barcelona, puso al descubierto la presunta estafa. Santiago A.C. dispone de otra tienda de ortopedia en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y trabaja con la administración desde hace 23 años.
MODIFICACIONES EN LAS SILLAS PARA HACERLAS RECLINABLES.
La diferencia principal entre las sillas prescritas y las que suministraba el acusado, es que las prescritas por los facultativos eran reclinables, mientras que las que vendía el acusado no lo eran. Así lo acredita, según la acusación pública, la documentación aportada por la inspección de la Conselleria de Salud.
El dossier recoge facturas de compra a los proveedores de sillas no reclinables, pero el acusado presentaba al Servicio Catalán de la Salud facturas dónde había hasta 196 sillas reclinables.
En su declaración, el procesado aseguró que todas estas sillas podían modificarse para convertir su respaldo en reclinable. Atendiendo a la formación de su cliente como técnico ortopédico, la defensa argumentó que el acusado podía hacer modificaciones para convertir cada una de las sillas en "la silla correcta", la que "prescribe el médico".
Normalmente, el médico prescribe al paciente una silla con un código establecido en unas guías del Departamento de Salud. El código responde a una silla de características determinadas. Asimismo, el facultativo puede añadir en la prescripción de aparatos ortopédicos (PAO) las modificaciones o complementos en la silla que considere necesarios.
El Departamento de Salud no tiene estipulado qué marcas y modelos responden a cada código. Por eso, el papel del ortopeda consiste en suministrar al paciente una silla que se ajuste a las características técnicas del código de la silla prescrita por el facultativo.
SÓLO UNA SILLA RECLINABLE DE 195.
Por su parte, el médico inspector del Departamento de Salud explicó que de las 196 sillas facturadas como reclinables, sólo una lo era. También apuntó que no tiene sentido modificar una silla de respaldo rígido a reclinable, cuando existen modelos en el mercado que lo llevan de serie. Además añadió que los accesorios de las sillas son facturables. Ahora bien, en las facturas presentadas por el acusado al Departamento de Salud no consta ninguno.
En paralelo, el inspector fue a una residencia de Vallirana (Barcelona) clienta del acusado. De las siete sillas que encontró allí suministradas por el acusado ninguna era abatible. Un extremo que comprobó visual y no físicamente.
El Ministerio Fiscal solicita un año y medio de cárcel, una multa de 2.163,60 euros e indemnizar al Servicio Catalán de la Salud con 16.370,25 euros. Además añade la inhabilitación por parte del acusado para contratar con las administraciones públicas. Por su parte, la defensa pide la absolución de su cliente. El juicio ha quedado visto para sentencia.
