Programadores espiados con Pegasus y Candiru entregan sus móviles a la jueza y ratifican la querella

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios y desarrolladores que presentaron una querella contra exaltos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y los fabricantes de Pegasus y Candiru como víctimas de presunto espionaje han entregado este lunes en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona varios dispositivos electrónicos para que los Mossos d'Esquadra practiquen una pericial forense, según ha podido saber Europa Press.

Este lunes, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives han declarado ante la jueza instructora que investiga esta causa, impulsada por Sentinel Alliance, para ratificar el escrito de querella y declarar como presuntas víctimas de espionaje, mientras que la semana pasada lo hicieron Joan Arús y Jordi Baylina.

Los dispositivos electrónicos entregados son tres teléfonos móviles propiedad de Baylina, Escrich y Matamala, así como dos discos duros de este último.

Esta es la primera causa penal que incluye a los fabricantes de Candiru entre los investigados, además de la que más partes aglutina, tanto por el número de querellantes como de investigados relacionada con el uso de 'spyware'.

LOS QUERELLANTES

Los cinco querellantes son empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital, identidad digital soberana y soluciones de escalabilidad blockchain.

Citizen Lab documentó que Jordi Baylina, cofundador de Polygon y Zisk, recibió 26 ataques con Pegasus y 8 infecciones y, adicionalmente, una pericial forense acreditó que se habían descargado al menos 43 MB de datos de su dispositivo.

Joan Matamala, cofundador de Fundació Nord, sufrió, según Citizen Lab, 16 infecciones con Pegasus y una con Candiru, mientras que Xavier Vives, cofundador de Vocdoni, recibió hasta 6 intentos de infección con Candiru.

Pau Escrich, cofundador de Vocdoni, y CTO de Aragon Labs, sufrió 4 intentos de infección con Candiru y uno con Pegasus, mientras que Joan Arús, también cofundador de Vocdoni y presidente de Sentinel Alliance, fue sujeto de espionaje telefónico y físico.

Las fuentes consultadas por Europa Press han señalado que algunos de estos intentos se produjeron en fechas relevantes: en el caso de Baylina, el mismo día en el que escribió un tuit sobre Tsunami Democràtic.

En el de Vives y Escrich, uno de ellos se registró el 10 de enero de 2020, fecha en la que mantuvieron una reunión con Arús y Elies Campo, asesor tecnológico de los querellantes y, en aquel momento, directivo de Telegram Messenger.

Los vectores que se usaron para intentar infectar sus dispositivos electrónicos se corresponden, entre otros formatos, con correos electrónicos que incluían enlaces que simulaban ser de la Agencia Tributaria; la Dirección General de Tráfico, para notificar una supuesta multa; el Ministerio de Sanidad, con información relativa al Covid-19, o una alerta de seguridad para cambiar las credenciales de acceso a la plataforma de compra-venta Wallapop.

Las infecciones se produjeron entre 2019 y hasta junio de 2020 --tras conocerse la sentencia del 'procés' y durante la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional--, con la excepción de Vives y Matamala, que recibieron intentos de infección en fechas posteriores, la última en febrero de 2021, según las mismas fuentes.

LOS QUERELLADOS

En un auto del 20 de marzo, la instructora declaró la nulidad parcial de inadmisión de la querella respecto al exdirector general de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón, dado que ejerce desde febrero de 2025 como magistrado del Tribunal Supremo (TS) y es aforado, por lo que la competencia recaería sobre la Sala Penal del TS, donde los querellantes pueden reiterar la querella.

Se mantiene la validez de la causa contra el resto de investigados: la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez; la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y los fundadores y directivos de NSO Group y de sus filiales en Luxemburgo --Q Cyber Technologies y OSY Technologies--, así como de los directivos de Saito Tech Ltd, fabricante de Candiru.

DILIGENCIAS

En una providencia del 23 de marzo de 2026, la instructora ordenó que se realizase un peritaje forense, para lo que los querellantes han aportado voluntariamente sus dispositivos electrónicos este lunes, que serán analizados por los Mossos, como así habían solicitado ellos mismos en su querella.

La jueza también remitió un exhorto al Tribunal Central de Instrucción para que certifique si las presuntas infecciones con Pegasus y Candiru contaban con aval judicial en las diligencias previas que se abrieron en el marco de la causa de Tsunami Democràtic, en la que los querellantes no fueron imputados.

También ha pedido que se traduzca la querella al hebreo y al francés para notificársela a los directivos de NSO Group y Candiru en Israel y Luxemburgo, un paso previo a la emisión de comisiones rogatorias internacionales.