BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado este lunes alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para que investigue los gastos que, según ambas entidades, llevó a cabo el Govern para organizar el 1-O.
En un comunicado, han explicado que a finales de 2018 las dos entidades presentaron una denuncia ante este tribunal en que reclamaban casi 90 millones de euros por los gastos de la votación y "todos los costes que derivaron al tratarse de una actividad claramente ilegal".
Ante la petición de la Generalitat de archivar la causa, han presentado alegaciones y argumentan que "existen irregularidades por haber destinado dinero público para la celebración de una votación previamente suspendida".
Además, responsabilizan al expresidente Carles Puigdemont y a todo el Govern de los gastos que realizó el Gobierno central para trasladar a agentes de la Policía Nacional a Catalunya para evitar la votación.
También consideran que "hay indicios de la responsabilidad contable en relación a todos los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O", y han insistido en que no pretenden judicializar la política, sino defender la democracia y el Estado de Derecho.