El sector inmobiliario y Foment creen que regular el alquiler temporal distorsiona el marco jurídico

APCE, ASVAL, AIC, CAFBL, COAPI y Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona firman la declaración

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades del sector inmobiliario y Foment del Treball han rechazado la regulación del alquiler de temporada acordado por Govern, PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, porque "supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Catalunya", afirman este miércoles en una declaración conjunta.

Los firmantes son Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI), Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Foment.

Explican que los arrendamientos temporales --generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda-- responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional.

"Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta", afirman, tras precisar que el artículo 17 de la LAU establece que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual.

"Aplicarles el mismo tratamiento legal no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Catalunya", indican.

Critican que los acuerdos alcanzados entre la Generalitat y grupos parlamentarios en los últimos meses sobre vivienda "sólo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler".

Los representantes del sector critican la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Catalunya, y reclaman que se deje de legislar "de espaldas al sector".