El Síndic alerta de la "baja eficacia" de las políticas sociales del Govern contra la pobreza infantil

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto en protección social del Govern tiene niveles bajos de eficacia en la reducción de la pobreza infantil, que afecta a cerca de 285.000 menores en Catalunya, según ha alertado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a la luz de un informe específico sobre este ámbito.

Tanto Ribó como su adjunta para la defensa de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, han entregado este viernes una copia del informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

El texto destaca que en la Unión Europea, el gasto en protección social permite reducir el 45% de la pobreza infantil, mientras que en Catalunya solo se consigue pasar del 33% al 24% después de que la Generalitat haga efectivas las partidas sociales.

Por ello, el defensor del pueblo catalán ha reclamado que la política social priorice la lucha contra este fenómeno ya que existen déficits de inversión en políticas de protección social dirigidas a la infancia, a las que solo se destinan el 1% del PIB.

El informe alerta de que el actual sistema de servicios sociales presenta una "evidente insuficiencia" en el ámbito preventivo, lo que se suma a la falta de una red pública de salud mental sólida y a las desigualdades en el acceso al ocio educativo.

Además, cifra en 10.000 los menores que se han visto afectados en Catalunya tras la reforma de la renta mínima de inserción (RMI), más conocida como Pirmi, al haberle sido retirada o reducida a sus padres.

Según los datos recopilados por Ribó, el 2% de los menores catalanes --unos 28.000-- se benefician de la RMI a través de sus padres y casi el 10% de los niños de 3 a 14 años con un nivel socioeconómico bajo no desayuna antes de salir de casa, el doble que la media catalana.

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

Para revertir esta situación, Ribó recomienda el diseño de planes integrales que permitan combatir este fenómeno, un despliegue normativo del derecho de los menores a un nivel de vida adecuado, el desarrollo de una renta de suficiencia económica garantizada y la configuración de un sistema integrado de prestaciones económicas.

Además, plantea que se cree una comisión interdepartamental y entre administraciones para analizar de forma conjunta las distintas prestaciones existentes.