Critica el pago del proyecto Castor, que supondrá un total de 600 euros para cada consumidor de gas
BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha alertado este viernes de que más del 30% de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas en 2015 corresponden a temas propios de las políticas sociales, un porcentaje parecido al del año pasado, y ha destacado el incremento de las quejas sobre consumo, de casi el 25% --frente al 19% de 2014--, según recoge un avance del Informe 2015.
La institución ha iniciado 23.130 actuaciones en 2015 --entre quejas, actuaciones de oficio y consultas--, y ha visto incrementar las quejas en un 9,9% respecto al año pasado, superando las 10.000 por primera vez, ha explicado Ribó en rueda de prensa de presentación del informe, que llevará al Parlament a principios de febrero, con propuestas sobre políticas públicas.
Ribó --que ha contactado con el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedirle una reunión--, ha atribuido el aumento de actuaciones sobre asuntos sociales y de consumo a una mayor sensibilización de la ciudadanía sobre sus derechos, pero también a la preocupación sobre la "transferencia" de derechos públicos a manos privadas --por ejemplo en la telefonía y la energía--, que ha criticado.
"Vamos adquiriendo más cultura democrática", ha afirmado Ribó, sobre el hecho de que el área de consumo ha superado por primera vez ámbitos tradicionales de la institución como el procedimiento administrativo y las políticas territoriales, que representan respectivamente el 17,4% y el 15% de sus actuaciones.
MAYOR COLABORACIÓN
Las actuaciones tramitadas en 2015 --iniciadas este año o en anteriores-- han llegado a las 29.808, y ha destacado que la institución ha doblado la actividad durante los últimos diez años, con una media de tiempo de tramitación que han logrado rebajar hasta los 132,6 días, frente a los 169,9 días de media en 2010.
El descenso de las quejas sobre procedimiento administrativo significa, para Ribó, que hay "más cuidado desde las administraciones en el trato a las personas", mientras que ha asegurado que los catalanes pueden estar orgullosos del clima de convivencia lingüística que hay en Catalunya: las quejas sobre cultura y lengua han representado solo el 0,47% del total.
Sobre 2015, un año que ha calificado de muy diverso, también ha destacado la exigencia sobre el derecho de voto de la ciudadanía, que ha hecho llegar sus quejas sobre el ámbito "con más fuerza que nunca", sobre asuntos como el derecho a votar y el voto por correo, lo que ha recordado que incumbe más al Gobierno central.
También ha destacado la creciente colaboración de las administraciones y las empresas, que han aceptado el 98,4% de las recomendaciones que les ha hecho llegar el síndic este año: el 69% se han resuelto justo al iniciar el síndic su intervención, mientras que el 29,5% ha cumplido la resolución que este ha aportado y solo el 1,4% la ha cumplido parcialmente.
EL CASTOR, "UNA BARBABARIDAD"
Ha recordado que, de la misma forma que en 2008 advirtieron de que habían puntas de peligro en temas sociales --y que a pesar de que fueron tachados de alarmistas, ahora es evidente--, trasladarán al Parlament un toque de atención sobre agresiones al territorio, que relacionan con la recuperación económica --como permisos para construir en territorio protegido--, y ha avisado que a veces no son ilegalidades sino "triquiñuelas".
Ribó ha deplorado que supone una "barbaridad" que los consumidores tengan que pagar 4.700 millones de euros por el proyecto Castor, a partir de un real decreto ley que ha calificado como radicalmente injusto, por lo que pedirán al Parlament que actúe ante el inicio inminente del cobro.
"Cada consumidor de gas pagará 600 euros, a lo largo de los años", a través de las facturas, lo que afectará también a las personas que no sean consumidoras, ya que repercutirán en ellas el gasto de gas por parte de la administración, ha afirmado en declaraciones a Europa Press.
El Síndic elaboró en 2014 un informe sobre el proyecto Castor, junto a entidades, colegios profesionales y la Plataforma de las Terres del Sènia (Tarragona y Castelló), que presentó ante el Parlament catalán y ante la Comisión Europea, ahora en manos de la defensora del pueblo europeo y a la espera de llegar a los tribunales europeos en caso de que esta lo autorice.
Andalucía
