En junio se cumple un año de la resolución, que pedía reformar la sedición y otorgar los indultos
BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha urgido de nuevo al Estado a cumplir con la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que pedía dejar sin efecto la extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas en el extranjero, reformar los delitos de sedición y rebelión y abrir un diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.
"Cuando el Consejo de Europa nos enmienda la plana, deberíamos aceptarlo. Hay veces que no se acepta y se dilata", ha lamentado este lunes en una intervención en la Comisión del Síndic del Parlament para presentar su informe de seguimiento de esta resolución, que también pedía el indulto para los condenados por el 1-O y alertaba de un retroceso de la libertad de expresión en España.
El Síndic ha explicado que cuando presentó su informe en Estrasburgo en abril, el representante del Gobierno de España argumentó que hasta el 22 de junio --fecha en que se cumplirá un año de la resolución-- todavía había tiempo para seguir las recomendaciones: "Yo le dije a la salida: ojalá".
El socialista Óscar Aparicio ha dicho que toman nota de las recomendaciones, aunque ha resaltado que no todas pueden adoptarse desde el Gobierno porque eso supondría vulnerar la separación de poderes, y ha reprochado al Síndic que no hiciera ningún informe alertando de vulneraciones de derechos con la declaración unilateral de independencia en 2017.
En el turno de réplica, el Síndic ha respondido que han declarado "la manifiesta ilegalidad" de la DUI en dos ocasiones, y ha recalcado que la institución nunca ha argumentado a favor de la independencia o la autodeterminación en sus informes.
Por parte de ERC, Anna Balsera ha reprochado al diputado socialista aludir a octubre de 2017 y no a los hechos que recoge el informe del Consejo de Europa, ha subrayado que ERC apuesta por la amnistía y ha mantenido que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo se han situado en una línea "preocupante" en cuanto a la libertad de expresión.
Desde Junts, la diputada Ester Valls ha asegurado que la justicia en España no es igual para todos y que no asume las recomendaciones de Europa, en sus palabras: "El último escándalo, el Catalan Gate, demuestra cómo se nos vulnera el derecho a la privacidad".
Desde la CUP, Carles Riera ha sostenido que España debería sentirse vinculada políticamente por las resoluciones del Consejo de Europa, y ha mantenido que en el marco constitucional actual "no es posible defender" el derecho a la autodeterminación.
"Es un verdadero delirio decir que Catalunya es sujeto de ese derecho a la autodeterminación", ha criticado Nacho Martín Blanco (Cs), que ha defendido que en cualquier democracia se perseguirían las actuaciones de los líderes independentistas juzgados por el 1-O.
El diputado de los comuns Joan Carles Gallego ha apostado por reformar el poder judicial para garantizar la separación de poderes, en sus palabras, y aunque cree que algunos espacios de diálogo "no acaban de funcionar", ve necesario fomentar la cultura del consenso político para reforzar el Estado de derecho.
Sergio Macián (Vox) ha afirmado que los condenados por el 1-O lo fueron por cometer delitos y no por sus ideas, ha tachado textualmente de bodrio el informe del Consejo de Europa y ha lamentado los indultos "otorgados por un presidente arrodillado y que ha hecho de esta la legislatura de las cesiones" al independentismo.
