BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha considerado este miércoles que es "grave e inaceptable" que las administraciones no garanticen reiteradamente derechos sociales reconocidos, y ha alertado de que no pueden justificar estas restricciones por motivos presupuestarios.
En rueda de prensa tras presentar el Informe al Parlament 2014 a la presidenta Núria de Gispert, ha asegurado que, pese a que "en la definición de horizontes para mejorar derechos sociales, se va adelante, en la afectación de los recortes presupuestarios sobre políticas sociales se va hacia atrás" desde 2009.
Ribó ha sostenido que las administraciones no priorizan de forma "suficientemente acertada" para garantizar los derechos sociales más importantes.
Ha criticado la falta de responsabilidad del Estado con la Ley de la Dependencia, cuya modificación supuso un retroceso en derechos, y ha pedido a la Generalitat que sea más diligente con las previsiones de la misma, afirmando que la suspensión temporal de las prestaciones vinculadas a servicio (Pevs) --ahora recuperadas parcialmente-- ha causado "graves problemas" a usuarios y residencias.
Ribó ha vuelto a incidir en la necesidad de un nuevo enfoque de la renta mínima de inserción (RMI) y ha reprochado que el Govern lleva dos años anunciando una nueva gestión, y se ha mostrado convencido de que se cambiará.
Ha considerado que se está "muy lejos" de solventar todos los retrasos en los pagos de la RMI, pese a que ha admitido que en los últimos meses de 2014 ha observado un volumen de pagos.
LISTAS DE ESPERA
Ha explicado que las listas de espera han obligado a abrir cuatro actuaciones de oficio durante el 2014, y ha pedido un "cambio radical" en la normativa y gestión que pusiese el acento en los pacientes y los profesionales.
En este sentido, se ha mostrado expectante ante el anuncio realizado en este sentido por la Conselleria de Salud de aumentar a 27 las operaciones con máximo tiempo de espera, y ha considerado positivo todo lo que vaya en la línea de mejorar derechos.
Ribó ha señalado que las actuaciones en el ámbito del consumo se han multiplicado por cinco desde 2010, sobre todo en la dificultad de hacer frente a los pagos de los consumos energéticos.
Ha considerado incomprensible que la Generalitat no haya definido la figura del consumidor vulnerable, y ha remarcado que "no vale" que el Estado no lo haya hecho, y ha remarcado que se tiene que garantizar normativamente el derecho a los suministros básicos.
Por otra parte, también ha pedido que el Servei Català de Trànsit (SCT) revoque todas las sanciones impuestas en la campaña 'No vull pagar', y ha resaltado que estará atento a la evolución sobre nuevas regulaciones en materia de seguridad ciudadana por parte del Estado por si suponen una disminución de las libertades públicas y de los derechos individuales.
ACTUACIONES
Ha remarcado que el Síndic ha tramitado 15.343 quejas y actuaciones de oficio durante 2014 --fueron 14.354 el año anterior--, siendo cerca de un 40% de éstas correspondientes a políticas sociales.
Sin embargo, la que más se ha elevado son las relacionadas con el consumo desde el inicio de la crisis, que han pasado de ser un 4,9% en 2010 a ser el año pasado el 16% del total.
Ha llevado a cabo 27.211 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio, que han afectado a 53.095 personas; en un 97% de los casos, el Síndic las ha cerrado con una o diversas recomendaciones.