El Síndic reclama "celeridad" para compensar a los afectados por el proyecto Castor

El Síndic de Greuges R.Ribó
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 2 julio 2015 17:48

TARRAGONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado este martes "celeridad" para que se compense a los vecinos de Terres de l'Ebre afectados por los terremotos derivados de la inyección de gas del proyecto Castor.

Ribó ha visitado este martes Terres de l'Ebre con el objetivo de trabajar conjuntamente con los alcaldes de Alcanar, Ulldecona y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) para exigir una "restitución de los derechos por el fiasco del proyecto Castor".

Considera que el Govern debería asumir un "papel activo" y asesorar y apoyar a los afectados, y ha instado a la Generalitat y al Estado a realizar peritajes sin trámites previos.

El Síndic también ha pedido que se compensen los daños morales sufridos y que se evalúe a las personas que los reclaman de la misma manera y condiciones que con los afectados por daños materiales.

Además de pedir priorizar el pago y las indemnizaciones, el Síndic insiste en que técnicos independientes hagan un estudio antes de seis meses para saber cómo la hibernación de la plataforma Castor puede afectar al medio ambiente y al mantenimiento de la estructura.

La Sindicatura hace más de un año que investiga "posibles irregularidades" en la gestión y las autorizaciones del almacén de gas, los daños materiales y los efectos de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona más próxima de la estructura.

En septiembre de 2014, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia entregó al Síndic más de 500 quejas en las que expresaban su rechazo al proyecto y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que aprobaron el proyecto, pese a los avisos y los informes técnicos de riesgo.

Este lunes Ribó se reunió con representantes de los consumidores, sindicatos y colegios profesionales para trabajar las medidas que es necesario adoptar para evitar que prospere el decreto ley aprobado por el Gobierno español que estipula que los consumidores asuman el coste de las indemnizaciones a las compañías concesionarias.