La síndica ve falta de diligencia municipal en rehabilitar el edificio incendiado de la Barceloneta

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertido de que el Ayuntamiento no había resuelto "con la diligencia exigible" los problemas de inseguridad, suciedad y ruido que generaba el edificio ocupado del barrio de la Barceloneta donde se ha producido un incendio esta madrugada que ha acabado con once heridos.

Según ha informado este organismo en un comunicado, la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidido abrir una investigación de oficio hasta una solución definitiva del problema, que los vecinos ya advirtieron el 3 de julio de 2009 con una queja acompañada de 280 firmas de residentes presentadas al consistorio.

La Sindicatura estimó la queja, ya que después de ocho años de intervención municipal el problema no se había resuelto, y valoró que el consistorio no actuó con la diligencia exigible desde que supo que se hacían obras de rehabilitación sin licencia y la finca estaba ocupada.

Los vecinos avisaron a la síndica, entonces Pilar Malla, ante la falta de respuesta municipal ante los robos, peleas, amenazas y consumo y tráfico de drogas, además de la presencia de basura y excrementos alrededor de la finca, y de molestias y ruido que les impedían dormir.

El inmueble presentaba estado de abandono y algunos inquilinos se dedicaban presuntamente a actividades delictivas, y la paralización de las obras de rehabilitación de la finca habían empeorado la situación, ya que el andamio facilitaba acceder al edificio, que estaba sin tapiar.

La Sindicatura pidió informes a cuatro organismos municipales, algunos de los cuales recibió "con un considerable retraso", y el del sector de Seguridad reconocía que entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2009 se efectuaron en este edificio detenciones por delitos y faltas.

El de Ciutat Vella exponía que el expediente de inspección se inició en 2001, ocho años antes de la queja vecinal a la Sindicatura, y reconocía la mayoría de hechos denunciados y otros.

El consistorio ordenó legalizar las reformas, pero en 2005 denegó la licencia porque las obras no se podían legalizar porque vulneraban la Ley de costas, hasta que en 2009 se aprobó la demarcación de la zona de dominio marítimoterrestre y el edificio ya no incumplía la ley, por lo que podían hacerse los trámites para obtener la licencia.

ACTUACIÓN "CORRECTA" MUNICIPAL

En paralelo, la concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, ha defendido la "actuación correcta" del consistorio reclamando a la Dirección General de Costas que desafecte este edificio después de que aprobase que ya no forma parte del dominio marítimoterrestre, tras lo cual podrá otorgar licencia para reformarlo.

En declaraciones a los medios, Escarp ha explicado que el propietario tramitó dos licencias que le fueron denegadas, y empezó las obras que el Ayuntamiento le paró porque no podía hacerlas al estar afectado por la ley, y después el edificio fue ocupado.

Ha añadido que el consistorio era "conocedor de las quejas vecinales" por lo que había abierto entre 10 y 12 expedientes para que el propietario tuviera el edificio cerrado el propietario y había seguido su denuncia ante los Mossos por usurpación del bloque, que los Servicios Sociales consiguieron desalojar en una ocasión.

También ha dicho que cuando la Policía Científica acabe sus trabajos, volverá a pedir al propietario que tape las entradas para evitar una nueva ocupación.