La Sindicatura de Comptes ve "problemas estructurales" en la gestión de prestaciones sociales

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha constatado "problemas estructurales" de gobernanza y de buen gobierno en la gestión de las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, así como la falta de un marco de transparencia sobre los datos.

Lo ha dicho la síndica de la Sindicatura de Comptes Maria Àngels Cabasés, tras presentar en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament el Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio de 2022.

El informe, que se centra en el año 2022, señala que el gasto reconocido por la Conselleria fue de 3.095 millones de euros y los recursos aplicados a gastos por prestaciones económicas de derecho subjetivo representaron el 31,60%: el 34,7% se aplicó a la Renta Garantizada; el 32,96% al resto de prestaciones y el 32,31% a las derivadas de la dependencia.

Según apunta Cabasés, con información del departamento, en el periodo de 2016-2024 se generaron 167,56 millones de euros en pagos indebidos, de los que 7,17 están prescritos; 32.647 expedientes de renta garantizada pendientes de analizar por posibles pagos indebidos; y 324 expedientes con posibles prescripciones vinculadas a la renta garantizada por 1,75 millones de euros.

En el periodo 2019-2022, hubo 4,7 millones de euros de presuntos pagos indebidos vinculados a la prestación para personas jóvenes extuteladas con 804.384 euros, con una antigüedad superior a cuatro años.

"DEBILIDADES"

Cabasés ha señalado que la política pública "presenta debilidades en la pertenencia y falta de coherencia interna y externa": así, cree que no se ha hecho una detección previa de necesidades para todas las prestaciones; que los criterios de elegibilidad no son coherentes y que no hay coordinación con otras intervenciones.

También se ha referido a los "tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones", la insuficiencia de los mecanismos de seguimiento y control y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se proteja el interés general en todos los casos.

Según señala, esto limita "seriamente la eficacia de la intervención pública a la hora de cumplir con los objetivos de la política pública y obtener los resultados previstos".

"La insuficiencia de control y seguimiento de la gestión de las prestaciones, como han visto, ha derivado en un elevado número de pagos indebidos, algunos prescritos, que comprometen la eficacia y la economía de la gestión", añade.

INCOMPATIBILIDADES

Asegura que en el periodo 2019-2022, la Sindicatura ha detectado dos casuísticas que comparten las personas beneficiarias que incurren en incompatibilidades: por un lado, beneficiarios de varias prestaciones sociales de carácter económico que son incompatibles entre ellas; y, por otro, beneficiarios de prestaciones de Renta Garantizada y de prestaciones para jóvenes extutelados.

Además, dice que no se han hecho actuaciones de supervisión sobre la actividad que realizan entidades de iniciativa social que colaboran con el departamento en la gestión de recursos y ayudas sociales o sobre el destino y la utilización de los fondos públicos, autonómicos y también europeos que han recibido.

RECOMENDACIONES DE LA SINDICATURA

Algunas de las recomendaciones que plantea la Sindicatura pasan por definir objetivos clave con indicadores homologados y seguimiento público para facilitar la toma de decisiones y el cumplimiento de cuentas; y flexibilizar los requisitos de acceso, permitir la compatibilidad con otros ingresos y ajustar las cuantías a las necesidades reales de los hogares.

También reducir la fragmentación del sistema, fusionar prestaciones y coordinar los ayudas estatales, autonómicas y locales con una ventana única; planificar recursos según las necesidades y el impacto previsto; revisar y digitalizar la gestión administrativa; y reforzar los controles sobre las entidades gestoras con más transparencia y seguimiento.