Señala otros aspectos a mejorar pero concluye que la imagen de sus cuentas es "fiel"
BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Cuentas ha emitido este miércoles un informe sobre las cuentas del ejercicio 2012 de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals en el que se afirma que el ente no debió dar una paga extra a sus trabajadores en diciembre de 2012.
Se argumenta que la Fundación debería haber suprimido esta paga acogiéndose al real decreto 20/2012 que impulsó el Gobierno central en julio de ese año, en el que se recogían medidas para "garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad".
En el ámbito de personal, la Sindicatura de Cuentas también señala que la Fundación Carles Pi i Sunyer contrató a dos trabajadores en el ejercicio 2012 para los que no consta ningún expediente de selección.
El ente fiscalizador formula esta y otras observaciones, aunque concluye que las cuentas anuales de la fundación correspondientes al ejercicio 2012 expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de ese año.
FISCALIZACIÓN
Sobre la situación financiera del ente, la Sindicatura señala que el fondo pendiente de aplicación la Pi i Sunyer, de 800.000 euros, está formado por aportaciones de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona efectuadas entre 1988 y 1997.
El problema, prosigue la sindicatura, es que la fundación no dispone de la información sobre la naturaleza de estas aportaciones ni guarda la "documentación justificativa", por lo que no se han podido clasificar estos fondos
También detecta un saldo de 12.000 euros en subvenciones ingresados antes del ejercicio de 2003 y para proyectos que no se han llevado a cabo, por lo que estos fondos deberían traspasarse a la cuenta de resultados.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Además, el ente fiscalizador señala que la fundación no dispone de "instrucciones internas de contratación ni del perfil del contratante" en contra de lo que establece el TRLCSP, la ley de contratos del sector público.
La fundación adjudicó en 2012 dos contratos superiores a los 20.000 euros considerándolos contratos menores, cuando debería haberse acogido a los procedimientos de la ley del sector público.
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