BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un sistema de registro, comunicación y alerta de casos de violencia institucional (Sirecovi) permitirá a víctimas, conocidos y organizaciones sociales informar online sobre casos de torturas y maltratos por parte de funcionarios públicos y vigilantes privados en Catalunya, que serán comunicados a entidades nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
El Consell de l'Advocacia Catalana han firmado un convenio con la Universitat de Barcelona (UB) para dar apoyo a esta herramienta, creada y gestionada por el Centro de investigación Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos (OSPDH) de la UB, han explicado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente del Consell, Julio Naveira, y el director del OSPDH, Iñaki Rivera.
Recogerá cualquier tipo de violencia institucional "en un espacio de privación de libertad", como son las prisiones, las comisarías de policía, los centros de menores y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como casos en la vía pública en los que se impide a la víctima abandonarla libremente.
El mecanismo quiere responder a la infrautilización de los mecanismos actuales por parte de las víctimas --ya sea por desconocimiento, ineficacia, falta de confianza o miedo a represalias-- y aunque no sustituye los mecanismos procesales ni la administración de justicia, iniciará un conjunto de actuaciones con el objetivo de lograr "medidas de protección a la victima".
Podrán comunicar los hechos las víctimas, sus familiares y amigos, y las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos, tras lo que el Sirecovi comprobará la veracidad, obtendrá el consentimiento de la victima para registrar los datos y comunicará el hecho a los organismos e instituciones, además de registrarlo en una base de datos.
En concreto, lo pondrá en conocimiento del Síndic de Greuges y la administración pública responsable, además de los organismos judiciales, las organizaciones sociales --como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional--, e instituciones nacionales e internacionales, especialmente al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa y el Relator sobre la Tortura de las Naciones Unidas.
El mecanismo tiene voluntad de lograr "el máximo consenso", por lo que antes de presentarlo se reunieron con todos los agentes con los que se relaciona, mientras que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y espera contar con una rápida respuesta institucional.
22 REGISTROS
La investigadora del OSPDH Mónica Aranda ha explicado que el registro "no se hace de forma automática ni expansiva", sino que solo se comunicará con los organismos responsables y relacionados con cada caso, siguiendo las normativas de seguridad de los datos, con confidencialidad y a través de formularios.
El Sirecovi, que incluirá una cartografía pública con algunas informaciones de los casos, registra actualmente 22 casos, comunicados en 2016 pero algunos correspondientes a años anteriores y que incluyen ocho casos descartados por el sistema, ocho archivados y cinco casos abiertos.
Entre los abiertos y archivados, cinco provienen de centros penitenciarios, tres de situaciones en la vía publica, uno del CIE de la Zona Franca de Barcelona, uno de una comisaría, uno de un centro médico y el último en un domicilio particular.
La representante de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos Laia Serra -que forma parte del Comité de Prevención de la Tortura en Catalunya-- ha alabado la herramienta, pionera en Europa, porque "formaliza un canal de protección de alerta que hasta ahora se habia producido de forma mas precaria".
Ha señalado que será de utilidad para los profesionales de la justicia y la abogacía porque permitirá trazar patrones de conducta -ante el hecho de que las pruebas estadísticas son útiles según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos-- y ha lamentado que la situación de esta violencia no es anecdótica, y que tribunales internacionales han criticado a España por hacer investigaciones superficiales y tardías sobre esta.
La integrante de la Red anti-represión de familiares de detenidos Rosa Seguí ha celebrado que esta herramienta tendrá utilidad para "los colectivos que sufren la represión y la impunidad policial, para los familiares y para toda la sociedad, porque contribuirá a evitar malas praxis" llevadas a cabo en las detenciones y las instituciones penitenciarias, y ha esperado que empuje a las instituciones a actuar ante estos casos.