SOS Racismo denuncia que en diez años no ha mejorado la situación en las fronteras de Canarias, Ceuta y Melilla

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

SOS Racismo criticó hoy duramente la situación que se vive habitualmente en las fronteras de Ceuta, Melilla y las islas Canarias, y lamentó que en diez años no haya mejorado. Además, criticó que lo que antes sólo pasaba en las verjas de Ceuta y Melilla, ahora se haya extendido a todas las fronteras españolas, lo que ellos llaman "la frontera sur de Europa".

El informe Frontera Sur repasa la "violación de los derechos humanos" desde 1995 hasta ahora y se ha basado en el testimonio directo de 379 inmigrantes ilegales llegados a los límites del territorio español y repatriados.

El informe denuncia la muerte el año pasado de 14 inmigrantes al intentar cruzar las vallas de Ceuta y Melilla, 11 de ellos por disparos de la Policía, así como de otros 24 inmigrantes que fallecieron en el desierto del Sahara abandonados por el gobierno de Marruecos tras ser expulsados de España.

La entidad es muy crítico con el aumento de la altura de las vallas en Ceuta y Melilla, que van dirigidas a los inmigrantes subsaharianos, ya que los marroquíes son repatriados automáticamente, al contrario de los procedentes de otras nacionalidades.

Según el análisis de los 379 casos recopilados directamente por SOS Racismo y las informaciones de un centenar de periódicos, medios digitales y Mugak, el Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo, la mayor parte de los inmigrantes llegaron por vía terrestre, a través de Ceuta o Melilla. Varios de ellos habían intentado entrar en más de una ocasión, y la gran mayoría, según la entidad, fueron retornados de forma ilegal, siendo encarcelados o sufriendo torturas y violaciones.

Por todo ello, la ONG lamentó la "complicidad y corresponsabilidad" del Estado español en estas "violaciones graves de los derechos humanos" por parte de las autoridades marroquíes. En este sentido, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que expulsar a una persona a un país donde su vida puede estar en peligro es una violación del derecho a la vida y a la integridad física.

SOS Racismo destacó el incumplimiento de la Ley de Extranjería por parte de las propias autoridades españolas, la violación de la Convención de Ginebra sobre refugiados o el total obstáculo al acceso a la justicia.

CRONOLOGÍA DE UNA "PELÍCULA DE TERROR".

SOS Racismo ha hecho una cronología de la evolución de las entradas ilegales de inmigrantes y la respuesta de España. En 1995 ya existía un campamento para inmigrantes en Calamocarro y se produjeron incidentes en Ceuta.

En 1996 y 1997 hubo las primeras repatriaciones masivas, como la de 103 extranjeros drogados con haloperidol y atados a los asientos de un avión con cinta de embalar. En 1998 se produjeron los primeros traslados a la península por el colapso de Ceuta y Melilla, donde empezaron a levantar importantes verjas y también empezaron a aparecer gran cantidad de menores desamparados.

A partir de 2001 se firmaron los primeros convenios recíprocos de repatriación y al año siguiente, la ONU denunció el trato que se daba a los menores marroquíes y el Defensor del Pueblo criticó los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En 2003 aumentó la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar, por lo que las 'pateras' empezaron a llegar a las costas de Almería, Granada y Canarias. También se denunciaron las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes por parte de Marruecos.

Desde entonces, según SOS Racismo, la situación no ha mejorado, recordando los incidentes del año pasado en las vallas de Ceuta y Melilla. Como señaló la portavoz de SOS Racismo en Catalunya, Begoña Sánchez, "la misma película de terror" y "una política que mata y asesina".

Para solucionar la problemática, la entidad propone dignificar las instalaciones de los centros de internamiento de Canarias, revocar las órdenes de expulsión de los trasladados a la Península, garantizar la asistencia letrada e intérpretes y abrir vías legales de entrada para los ciudadanos africanos.