Tamara Carrasco afirma que fue una "cabeza de turco" para eliminar la disidencia

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La activista independentista Tamara Carrasco ha afirmado este jueves que es consiente de que fue una "cabeza de turco para intentar eliminar de nuevo la disidencia política en la calle en el marco del proceso soberanista en Catalunya".

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a su abogado, Benet Salellas, después de que, tras 14 meses, el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona acordara el martes levantarle la medida cautelar que le prohibía salir de su municipio, Viladecans (Barcelona).

La medida cautelar le fue impuesta por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el 12 de abril de 2018, tras ser detenida como presunta cabecilla de los CDR.

La medida no se levantó hasta el pasado martes después de que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor de los juzgados catalanes en noviembre de 2018 y hubiera un conflicto de competencia entre Instrucción 24 de Barcelona e Instrucción 1 de Gav (Barcelona) --que la Audiencia de Barcelona finalizó al atribuir el caso al Juzgado barcelonés--.

Carrasco ha indicado que no quiere aceptar la situación como un mal menor y ha indicado: "Recuerdo perfectamente el día 10 de abril del año pasado cuando la Guardia Civil llamó a mi puerta y me detuvieron acusada de rebelión, sedición y pertenecer a banda terrorista".

Y ha reivindicado que en los Estados de derecho no se puede vulnerar la libertad de expresión, de manifestación y la disidencia política.

SALELLAS

Salellas ha asegurado que lucharán para conseguir su absolución y "hasta la reparación absoluta del daño que el Estado español ha causado a Tamara".

Ha calificado de anómala, excepcional e incomprensible la situación de su defendida, y ha considerado que su detención fue una "operación de Estado de la Guardia Civil" para intimidar a las personas que se acercaban a los CDR.

La situación de Carrasco solo se entiende desde la perspectiva de la "excepcionalidad que se vive con relación a la lucha judicial contra el conflicto democrático impulsado por el independentismo", ha apuntado el abogado.

Además, ha recordado que si el caso llega a juicio será por un presunto delito de incitación a la comisión de desórdenes públicos, introducido en la reforma del Código Penal de 2015, cuando el Gobierno del PP "modificó todas las leyes para endurecerlas en la óptica represiva".

Y ha asegurado que el caso de Carrasco no se puede desvincular de "otras experiencias de represión" como el juicio a los presos soberanistas en el Tribunal Supremo.