El presidente y JxCat chocan por la decisión de buscar el amparo del tribunal europeo
BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que explicó a JxCat su intención de llevar la defensa de la investidura de Carles Puigdemont al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estraburgo antes de anunciarlo públicamente.
"El presidente Roger Torrent ha comunicado su intención de impulsarlo al vicepresidente primero --del Parlament-- y miembro de JxCat, Josep Costa, sin que hubiera ninguna oposición", han explicado a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara.
La polémica ha surgido este martes cuando Torrent ha anunciado su intención de ir Estrasburgo para pedir amparo a la investidura de Puigdemont, y JxCat ha criticado que no lo consultó antes con el candidato.
Las mismas fuentes señalan que, cuando Torrent aplazó el pleno de investidura, se comprometió "a recurrir a todas las instancias para garantizar los derechos de Puigdemont", y que así lo ha buscado hacer ahora.
"Por eso se presentan las alegaciones al TC y por eso se quiere impulsar la demanda de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dicen.
También argumentan que se buscará que la vía de la petición a Estrasburgo sea "compatible" con la estrategia de defensa de Puigdemont en el proceso judicial abierto contra él.
Las mismas fuentes aseguran que el propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó, consideró la semana pasada que hay "motivos fundamentados" para impulsar las medidas cautelares que este martes se han hecho públicas.
LOS REPROCHES DE JXCAT
El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, y la diputada Gemma Geis han reprochado a Torrent que decida llevar a Estrasburgo la investidura de Puigdemont sin avisar al propio candidato de JxCat a presidir la Generalitat.
"Hemos recibido con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal de Estrasburgo de manera unilateral y arbitraria la defensa de los derechos de investidura del presidente Puigdemont", ha criticado Pujol, que asegura que la decisión de Torrent choca frontalmente con la estrategia de legítima defensa del candidato.
