BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern acordaron hoy cuatro enmiendas a los cuatro artículos de la ley de derecho a la vivienda que habían sido cuestionados por el Consell Consultiu, con las que concretan los criterios con los cuales se deberá determinar las "áreas de fuerte o acreditada demanda" de pisos de alquiler, en las que se podrá forzar el alquiler de pisos vacíos.
Estos criterios, que deberán especificarse en los planes municipales de vivienda de cada localidad, son el número de personas inscritas que piden acceder a una vivienda de protección oficial, el número de viviendas disponibles en el municipio, el suelo urbanizable, la densidad demográfica y el precio medio del alquiler en cada municipio, explicó hoy el portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao.
Las enmiendas del tripartito precisan además que, sólo tras haber "agotado" todas las medidas de fomento del alquiler por parte de las administraciones y "poner a disposición del propietario todas las medidas para que pueda" incorporar su vivienda al mercado de alquiler --explicó Ridao--, se podrá declarar "el incumplimiento de la función social" de ese piso vacío "con un expediente administrativo contradictorio".
Ridao añadió que el propietario tiene también la "posibilidad de hacer alegaciones" y, "pasados dos años desde que se haya incoado este expediente, se podrá sacar al mercado de alquiler la vivienda por un máximo de cinco años", como ya apuntaba el proyecto inicial.
Las enmiendas del tripartito prevén también "programas de inspección para detectar y buscar situaciones de vivienda desocupada y la posibilidad de elaborar censos para prever estas situaciones", añadió.
"SE DAN LAS GARANTÍAS QUE PIDE EL CONSULTIU".
Ridao consideró que, con estas modificaciones, el texto "satisface las observaciones del Consell Consultiu", organismo que declaró inconstitucional el artículo 42.6 de la ley, que preveía el alquiler forzoso, y alegaba la falta de concreción en la metodología para adoptar esa medida para alertad de posible "discrecionalidad" en su aplicación.
El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, anunció que estas cuatro enmiendas estarán ultimadas para poder entrar a registro en el Parlament mañana mismo, de forma que se pueda reunir la comisión parlamentaria pertinente para aprobar el dictamen de la ley, que deberá aprobarse en el pleno de la semana próxima. Aseguró que estas modificaciones "incorporan las garantías que reclamaba el Consultiu".
Sin embargo, la portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, avanzó ya el voto en contra de su grupo a esta ley, dado que no se ha suprimido el artículo relativo al alquiler forzoso de viviendas vacías, como reclamaba su grupo. El PP ya anunció que no aceptaría modificaciones al texto y sólo votaría a favor si se eliminaba esta medida.
EL PP LA VE "VICIADA DE INCONSTITUCIONALIDAD".
Mejías anunció además que su grupo estudiará llevar la ley de vivienda catalana al Tribunal Constitucional (TC), una vez se haya aprobado en el plano de la semana que viene, al considerar que "está viciada de inconstitucionalidad porque vulnera el derecho a la propiedad privada".
La portavoz explicó además que su grupo llevará al Consell Consultiu, igual que CiU, el proyecto de ley de Constratos de Cultivo --que no podrá llegar al pleno de la semana próxima--, y estudiará también el recurso ante el TC.
LEY DE CONTRATOS DE CULTIVO.
Consideró que la medida que incorpora el derecho de tanteo y retracto de la Generalitat sobre fincas rústicas "también vulnera el derecho constitucional de la propiedad" y plantea "muchas similitudes con la expropiación de usufructo" de pisos vacíos de la ley de vivienda.
Ridao le replicó que "no se trata de ninguna expropiación de usufructo", sino que el proyecto prevé un derecho de tanteo de la administración para comprar las fincas que el propietario "decida vender" y sólo de "forma subsidiaria", si no hay ofertas previas "del arrendatario o de los vecinos colindantes". Por ello, aseguró que no debe haber "ningún temor a una sentencia del TC" sobre esta ley.
Ridao, que defendió el derecho de tanteo como una forma de "preservar el suelo agrícola y ordenar la actividad agraria", criticó también que CiU lleve esta ley al Consultiu, después de que hiciera lo mismo en la pasada legislatura --"cuando era más comprensible, por la cercanía de elecciones", apuntó-- y este organismo decretara ya su constitucionalidad. Se preguntó si CiU quiere "dar satisfacción a los sectores ultras del campo catalán".