El TSJC urge al Govern a dar material de protección también al personal de prisiones

Sede del TSJC
Sede del TSJC - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: miércoles, 8 abril 2020 11:56

   Es el quinto acuerdo del tribunal tras peticiones de sindicatos de médicos, ambulancias y mossos

   BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado este miércoles la petición de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (C.S. CONC-CC.OO.) para urgir a la Conselleria de Justicia de la Generalitat a entregar material de protección al personal de prisiones, como ya hizo tras la solicitud de medidas cautelarísimas de sindicatos de médicos, ambulancias y mossos.

   En el auto, consultado por Europa Press, las magistradas detallan que la Generalitat deberá entregar, "con carácter urgente e inmediato", material como mascarillas, guantes, batas protectoras y pantallas faciales además de tests rápidos de coronavirus, aunque no fija un plazo para hacerlo como pidió el sindicato, que lo requirió en 24 horas.

   En la solicitud, el sindicato asegura que en la prisión de Brians 1 hay 141 funcionarios de baja y unos 10 internos con coronavirus, además de otros 40 confinados; y que, en total, hasta el 3 de abril estaban de baja 953 trabajadores "con un incremento neto de 502 bajas desde el 14 de marzo", la mayoría por estar en cuarentena por el Covid-19.

   Con este acuerdo, el tribunal se posiciona de la misma manera que ya ha hecho ante las mismas peticiones de otros colectivos laborales durante las últimas semanas, y así lo recoge en su argumentación, en la que también recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula que corresponde al empleador dar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

AVISA DE RESPONSABILIDADES

   El tribunal recuerda que no responder a las medidas podría "dar lugar a la exigencia de otro tipo de responsabilidades", y se refiere al Código Penal para avisar de que prevé penas de hasta tres años de prisión por infringir las normas de prevención de riesgos laborales y no facilitar los medios necesarios a los trabajadores

   La sala considera que, en el caso de los funcionarios penitenciarios, "la protección personal de los trabajadores redunda en la salud pública, no solo en la protección individual para evitar el contagio sino también para evitar ser transmisores en el entorno en el que su actividad se desarrolla".