CEUTA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado se ha opuesto en un informe solicitado expresamente por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Rafael Rodríguez, a las modificaciones de uso de concesiones administrativas que van a aparejadas a un cambio de titular, ya que, según los jurídicos, con ese tipo de operaciones se viola "la concurrencia o participación pública que ha de primar en el modelo de gestión del dominio público".
El dictamen, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, parte de que las operaciones "individualmente consideradas" de modificación sustancial y transmisión de concesiones son "conformes a Derecho" e "instrumentos que permiten adaptar la explotación y régimen de utilización del dominio público portuario al dinamismo que le es propio".
Sin embargo, se opone a violentar "la indemnidad del interés público subyacente" a cualquier concesión demanial, para cuya protección existen "ciertas cautelas que, sin restringir el mandato de incremento y promoción de la iniciativa privada en la explotación de las instalaciones portuarias", garantizan "los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y no discriminación".
En el caso concreto analizado por la Abogacía del Estado se pretendía cambiar el objeto de una concesión con destino inicial de "almacenamiento y venta de mercancías propias en comercio al por mayor de frutas y verduras" al de "actividad de logística y de mercancía general", y el uso de complementario a comercial portuario para una transmisión final a otra empresa "cuyo objeto social coincide con el pretendido en la modificación sustancial".
La Abogacía opina que se pretende un propósito "que no es el previsto o pensado" para la figura jurídica de la modificación sustancial "en la medida que se emplearía exclusivamente como medio para hacer posible una ulterior transmisión".
En este punto se remite a la Ley de Puertos, que dice que la modificación sustancial de una concesión está concebida para "una nueva situación o contexto" pero "respetando, en cualquier caso, la identidad del concesionario, de modo que sea este último el que siga disfrutando de la misma".
"En definitiva", resume el informe jurídico, "el sometimiento de la modificación sustancial a todos los requisitos procedimentales de otorgamiento, a excepción del trámite de concurrencia, nos hace entender que lo que se persigue con esta figura o instrumento es adecuar la concesión a un nuevo proyecto empresarial que garantice la rentabilidad y eficiencia" tanto del dominio público como de la actividad empresarial, "pero siempre que sea el mismo concesionario". "Otra interpretación", alerta, "vulneraría la concurrencia o participación pública que ha de primar en el modelo de gestión del dominio público".
De esta forma, solo exigiendo "en todo caso, mantener cierta conexión con la identidad inicial" del concesionario para "limitar el tráfico jurídico privado de dominio público" se puede alcanzar un "perfecto equilibrio entre la iniciativa privada y la indemnidad del interés público subyacente en la concesión demanial".
Para la Abogacía del Estado, cuando una concesión "no se ajusta a la situación o contexto empresarial del actual concesionario" este puede "verificar operaciones de reajuste" como la transmisión --respetando los requisitos establecidos, entre ellos el mantenimiento del objeto concesional-- o "interesar su modificación sustancial por cambio de objeto", pero "siempre que sea el mismo concesionario ejerciendo la misma actividad" y "todo ello sin perjuicio de la posibilidad de su extinción".
Tras años permitiendo operaciones de esta naturaleza, habitualmente en favor de grandes cadenas comerciales y a cambio de rentas muy superiores a los cánones que el titular original para al Puerto, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez, se ha posicionado junto a los miembros del Consejo de Administración que las consideran irregulares. "Quien tenga concesión, que la explote y si le va mal, que la devuelva", ha resumido su criterio.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) critica esta postura porque, a su juicio, "está paralizando la realización de nuevas e importantes inversiones y la consiguiente generación de empleo en nuestra ciudad que ya cuenta con las mayores tasas de paro de España".
