CEUTA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La instructora del 'caso Emvicesa', que desde hace más de dos años trata de esclarecer la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO) en Ceuta, ha citado a siete personas más con investigadas por un presunto delito de cohecho, con lo que el número total de imputados supera ya los 60, tres de ellos en prisión provisional desde hace más de nueve meses.
Entre ellos se encuentra "el principal investigado", el ex diputado autonómico y ex viceconsejero del Gobierno autonómico Antonio López (PP), que según los informes policiales "aprovechaba la falta de control de la Comisión Local de la Vivienda y las irregularidades del proceso para otorgar las viviendas a personas que habían pagado cantidades importantes de dinero".
La Justicia ya ha rechazado cinco veces las peticiones de puesta en libertad de López, que ha llegado a ofrecer todo su patrimonio como fianza. Igualmente, la Fiscalía se ha opuesto al archivo provisional de las actuaciones en su contra y la jueza instructora ha advertido que no aceptará ninguno de los sobreseimientos solicitados por otros investigados como las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales como mínimo hasta que no termine la fase de instrucción.
Los nuevos investigados se encuadran en la categoría de supuestos "clientes" de López "para la confección fraudulenta de la lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar" tras el análisis del contenido del teléfono móvil del presunto cabecilla de la trama, al que se imputa prevaricación, malversación, falsedad documental, integración en organización criminal y cohecho.
El último informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía Nacional intuye también indicios de la comisión de un delito de tráfico de influencias tras la localización de múltiples tarjetas de antiguos parlamentarios nacionales por Ceuta y otros altos cargos de la Ciudad Autónoma.
"Todo apunta", señalan los investigadores, "que así se saldaban compromisos institucionales, evidenciando los indicios sobre que las viviendas se adjudicaban mediante pago fraudulento a Antonio López y acólitos (intermediarios) o mediante tráfico de influencias".
El 'caso Emvicesa' comenzó a instruirse en verano de 2015 tras una denuncia de la ex consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), que también figura como investigada, por la publicación en la prensa local de una lista de adjudicatarios de 317 viviendas públicas a la que la Administración negó validez.
