CEUTA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) apostará durante los tres próximos años, hasta el final de la legislatura en curso, por "la fórmula de colaboración público-privada" para impulsar la construcción de "hasta 500 viviendas sociales destinadas al alquiler" a precios tasados cuya construcción y gestión en suelo municipal se adjudicará a las empresas que ofrezcan rentas mensuales más bajas.
Según ha adelantado el presidente de la Ciudad, en la primera fase de este proyecto la construcción se llevaría a cabo "en parcelas de propiedad municipal urbanísticamente válidas para su uso residencial" como los terrenos del antiguo acuartelamiento de El Brull, adquirido al Ministerio de Defensa (298 casas), y un solar cerca de la frontera del Tarajal (68).
El Ejecutivo local ha recabado "informes sobre viabilidad jurídica, económica, urbanística y patrimonial de la actuación", que utilizaría la fórmula del "derecho de superficie", en virtud de la cual el terreno público se cedería a promotores privados durante un periodo entre 20 y 30 años para que asumiesen la construcción y gestión de las viviendas "a precios tasados y para colectivos señalados por la Administración".
Las principales destinatarias de esta operación serían las familias que actualmente están acogidas al Programa de Alojamiento Alternativo, que subvenciona con fondos públicos parte del coste del alquiler de sus viviendas.
Según Vivas, la filosofía del Plan se basa en "cuatro objetivos" que pasan por "poner en valor suelo de propiedad municipal actualmente inactivo"; "recabar financiación privada mediante la fórmula del derecho de superficie"; "mejorar las condiciones, en cuanto a la calidad de la vivienda, del programa de alojamiento alternativo" y "fomentar la actividad de la construcción de viviendas y el empleo que lleva aparejado".
Además, el Gobierno autonómico ha asegurado que el Ministerio de Fomento está en condiciones de licitar a corto plazo la construcción de una nueva promoción de 90 viviendas protegidas en Loma Colmenar, en las inmediaciones de la frontera con Marruecos, donde durante los últimos años se han levantado otras dos con 170 y 317 casas, respectivamente.
El segundo grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha criticado que la Ciudad Autónoma "tiene que asumir directamente la política de vivienda para que se ajuste al interés general y las demandas de la sociedad" y que "no se puede convertir la necesidad de familias humildes en un negocio lucrativo para empresas privadas".
