CEUTA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Local de Coordinación y Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral de Ceuta ha aprobado este miércoles introducir medidas "tendentes a evitar que la bonificación al transporte marítimo sea utilizada por personas a las que no les corresponde" después de que el Ministerio de Fomento haya visto crecer durante los dos últimos años de forma constante el número de billetes por los que paga el 50 por ciento, subvención a la que solamente tienen derecho los residentes en la ciudad autónoma.
Según las estadísticas de la Dirección General de la Marina Mercante a las que ha tenido acceso Europa Press, durante el año pasado la Administración General del Estado pagó la mitad del importe final de 891.999 billetes. Ello supuso un desembolso de 12,56 millones de euros, un 30 por ciento más que el ejercicio anterior (9,8 millones en 2013).
La Tesorería General de la Seguridad también ha dado cuenta a la Comisión, que preside el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, de las inspecciones que ha realizado a más de 500 trabajadores por cuenta propia, campaña en la que ha detectado 61 casos de posibles 'falsos autónomos' que serán sometidos "a controles más exhaustivos", según ha avanzado la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.
La Comisión también ha abordado durante casi tres horas asuntos "muy diversos" relacionados casi todos ellos con el empadronamiento irregular de ciudadanos en la ciudad norteafricana. Uno de los tratados ha sido el de los controles que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal para evitar "usos fraudulentos en la percepción de prestaciones".
Todos los departamentos ministeriales que conceden ayudas, prestaciones y subvenciones han detallado "el coste real que para cada una de estas áreas supone un empadronamiento irregular" y han pactado "mejorar los controles sobre el fraude, así como diversas modificaciones legislativas, que se remitirán a los ministerios correspondientes sobre cuestiones que afectan directamente a las especificidades de la ciudad".
Por último se ha solicitado la ampliación del periodo de renovación de las autorizaciones de trabajo del servicio doméstico de uno a dos años con el fin de "reducir el coste que supone a las familias empleadoras" ese trámite.
El objetivo de este foro, constituido hace dos años, es "conformar un espacio de trabajo para la lucha específica contra actuaciones fraudulentas como el fraude fiscal, residencias ficticias, empadronamientos irregulares, fraude laboral, prestaciones laborales, sociales, asistenciales y sanitarias, y trabajadores irregulares, entre otras cuestiones".
