Cuatro detenidos en Ceuta por ofrecer títulos a extranjeros para obtener el arraigo

CEUTA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cuatro personas en Ceuta por ofrecer supuestamente certificaciones fraudulentas de cursos de Formación Profesional (FP) a, al menos, 54 extranjeros en situación administrativa irregular a cambio de dinero para que pudieran regularizarla.

A los arrestados por efectivos de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif-1), ya en libertad, se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores.

La denominada Operación Tetuán se inició a comienzos de 2024, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía, tras "el incremento inusual de peticiones de ciudadanos extranjeros en situación irregular detectado por la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno de Ceuta".

Los cuatro detenidos gestionan una academia de la ciudad autónoma, cuya infraestructura en el ámbito formativo les permitió captar a más de 50 extranjeros en situación irregular.

Según el Cuerpo, les ofrecieron la posibilidad de regular su situación administrativa en España únicamente con la facilitación de certificaciones y diplomas de superación de un curso de formación profesional, a cambio del pago de 1.400 euros por la matrícula del mismo.

Dichos cursos, cree la Policía, no se impartieron "con los requisitos que exige la legislación". La Delegación Provincial de Educación, FP y Deportes de Ceuta detectó "numerosas irregularidades".

Por ejemplo, "carecer en tiempo y forma de las autorizaciones pertinentes para la realización de los cursos ofertados, o la falta de autorización para la realización de las prácticas formativas laborales, para las que ninguno de los alumnos fue dado de alta en la Seguridad Social".

A estas irregularidades "se unen impedimentos de peso como la barrera idiomática". La normativa recoge que los cursos deben impartirse en español, por lo que es obligatorio "poseer habilidades de comunicación suficiente que permitan el aprendizaje", pero "la mayoría de los alumnos no sabían leer ni escribir el idioma español, y muchos de ellos apenas lo hablarían".

Los investigadores consideran que ha quedado "sobradamente acreditada la connivencia entre los, al menos, 54 alumnos investigados, a quienes se les imputan delitos de falsedad documental, y los responsables de la academia".

La matrícula en estos cursos les servía a los migrantes para obtener el permiso de residencia que "de otra forma no hubieran podido obtener, y todo ello a cambio de una prestación económica".

La Policía cree que "en ningún momento hubo intención de impartir realmente la formación, si bien era posible que, algunos de estos alumnos acudieran presencialmente a la sede con la intención de guardar la apariencia externa, sobre todo de cara a terceras personas, con la única finalidad de prevenirse ante posibles inspecciones que desde la Delegación Provincial de Educación pudiese llevar a cabo".