CEUTA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil detuvo y puso en manos de la Fiscalía de Menores a un menor extranjero no acompañado (MENA) de origen marroquí acusado de acuchillar y robar a otro menor, también de origen marroquí, en las inmediaciones del Puerto de Ceuta, escenario diario del trasiego de decenas de MENA esperando una oportunidad para colarse en alguno de los barcos que zarpan de la ciudad autónoma hacia la Península.
La detención fue posible gracias a la denuncia de la víctima, algo poco habitual, que se personó en las dependencias de la Compañía Fiscal de la Comandancia de Ceuta con una herida de arma blanca en la pierna izquierda, "manifestando que se la había efectuado otro individuo cuando se encontraban en las proximidades del depósito de vehículos ubicado en la zona portuaria", individuo al que posteriormente identificó en fotografías, detalla la Guardia Civil.
El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. El suceso viene a sumarse a una cadena de pequeños incidentes con inmigrantes, muchos de ellos menores no acompañados, en las instalaciones portuarias.
El delegado del Gobierno Nicolás Fernández Cucurull, ante el aumento de la presión migratoria en las inmediaciones del Puerto de Ceuta, ha reunido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Autoridad Portuaria para analizar "medidas concretas" para reforzar la seguridad e "impermeabilización" de las instalaciones para evitar "intrusiones".
Fernández Cucurull ha concretado con los responsables del Puerto y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las medidas que se van a adoptar, actuaciones todas ellas encaminadas a mejorar la seguridad en el recinto portuario con la presión migratoria como principal preocupación.
Las medidas, según ha explicado la Delegación de Gobierno, basculan en torno a tres ejes: mejorar las medidas de impermeabilización de toda la zona de seguridad del espacio portuario; coordinar la reacción de todos los cuerpos que pueden intervenir en el caso de que se detecten intrusiones por parte de personas no autorizadas; y, en último caso, analizar las posibilidades de respuesta legal, "ya que las sanciones administrativas de poco sirven en estos casos", alega en un comunicado.
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